La historia se repite, desde la soberbia del dinero que se destina, sin riesgos, al servicio del juego organizado. El capital invertido para infraestructura de juegos de azar (como casinos, bingos y tragamonedas, llamados “slots” para disimular que se traga y consume el dinero de quienes apuestan), se lo supo presentar como eje de desarrollo. Incluso se publicitó, como “Córdoba, la mayor cadena de casinos del país”, (repárese en el cartel que existía desplegado en la autopista a Carlos Paz). Publicidad que avergüenza de pensar que, ante el mundo, nuestra identidad se asocie al juego y no a la historia, la calidad del pueblo cordobés y a una geografía privilegiada.
De acuerdo a la prédica gubernamental que se hizo, hace y reitera de manera tramposa, se indica que el juego trae trabajo, obras, turismo y nos posiciona en el mundo. Nos hacen aparecer que somos algo en la nueva globalidad. La realidad ha demostrado que no es verdad. Tal la fuerza puesta para imponer los juegos de azar por el gobierno provincial se puso en evidencia, cuando los habitantes de Río IV cuestionaron las máquinas tragamonedas en el centro, o quisieron poner horarios para el funcionamiento, se lo impusieron, por sobre la voluntad de la sociedad.
Sin embargo, y para bien, en los últimos años algunos municipios cordobeses dictaron ordenanzas para impedir que las tragamonedas se instalen en su ejido. Entre ellos, se puede mencionar a Villa General Belgrano, Río Tercero, Almafuerte, Arroyito, Colonia Caroya, Sampacho, Pilar, Río Segundo y Porteña. Si bien el juego puede ser una actividad recreativa, no necesariamente mala, en exceso o incentivado por el Estado se transforma en un arma en contra de la comunidad, y es generador de un vicio adictivo como es la compulsión de jugar. Todo lo que ha llevado a la ruina a personas, familias, empresas y pueblos. Incluso, a la pérdida del más elemental juicio de responsabilidad, que trajo, por ejemplo, el abandono de niños por los padres, en las puertas de Casinos, como sucedió, en marzo de 2008, en el casino de San Francisco. A nadie escapa también que, alrededor de salas de juegos de azar estables crecen la usura, la prostitución, el alcohol y la droga.
En la provincia de Córdoba existen instaladas salas de juego en 17 ciudades, en las que operan 3.700 máquinas tragamonedas. Además, hay que reparar que el dinero que devuelve el juego en impuesto es insignificante al lado de lo que se llevan los que lo administran, con ganancias difícil de controlar eficazmente. Dinero que también se sustrae del capital social.
Nuevamente el debate sobre el juego vuelve a tomar fuerza y actualidad ante el proyecto de ley, de diciembre de este 2021, de los legisladores provinciales Orlando Arduh, Silvia Paleo, Alberto Ambrosio, Darío Capitani y Raúl Recalde, por el que pretenden legitimar la actividad del juego “on line”. Argumentan que se busca regular una actividad que existe de modo clandestino y que debe el Estado aparecer para terminar con la ilegalidad, dado que en Internet operan cientos de sitios de apuestas, en los que ha aumentado la participación con motivo de la pandemia.
Hay que recordar que, de una manera similar, el 13 de enero de 2007, el Gobierno de Córdoba, a través de Lotería, llegó a llamar a licitación pública para la «provisión, instalación, puesta en marcha, operación y soporte técnico necesario» para la prestación de un servicio de casino «originado en una iniciativa presentada por un tercero». La comunidad logró que no se concretara. Luego, en diciembre de 2012 ingresó a la Lotería de Córdoba un pedido de la firma Boldt, para instalar máquinas de quiniela instantánea, en un mecanismo similar a las tragamonedas, de cobro inmediato. Propuesta que no prosperó, entre otras razones, atento lo dispuesto por la Ley 8.665 (art. 2 inc. b) y la Ordenanza de la Municipalidad de Córdoba 11.684, artículo 29, que prohíben todo tipo de juego en Córdoba, en un radio de 20 kilómetros tomados desde la Plaza San Martín.
Ahora se reinstala la discusión, como una manera de probar si los anticuerpos éticos-sociales reaccionan adecuadamente ante nuevas encaradas del capital al servicio del juego. Entre los fundamentos del proyecto se sostiene que regulando el juego “on line”, se lograría ingresos para una actividad que se da de hecho y que no tributa. Lo que es inaceptable como argumento de justificación, ya que, con ese criterio, el Estado entonces podría comercializar droga, ya que el negocio del narcotráfico es clandestino, redituable y no tributa.
También el diputado Arduh dijo, en un canal de TV abierta, que «este es un proyecto que venimos enmarcando en sintonía con la ley presentada por María Eugenia Vidal y Larreta en Buenos Aires, y en casi 13 provincias del país». El proyecto sería impulsado desde Juntos por el Cambio y se estima que el oficialismo cordobés habilitará el tratamiento del mismo.
Una vez más, toda la firmeza de la sociedad debe ejercerse para que el proyecto presentado no avance. De lo contrario, se daría un retroceso que no merecemos los cordobeses.
Abogado constitucionalista