No solo nuestro país es apetecible por sus riquezas naturales, también lo es por su posición geográfica. La Patagonia, desde la perspectiva histórica, ha sido un espacio incorporado al ejercicio pleno de nuestra soberanía ya muy avanzado el siglo XIX y por la acción de Julio A. Roca. Es el asiento de grandes recursos minerales como el oro, la plata, el uranio, el litio y uno de los más grandes reservorios de gas y petróleo no convencionales como Vaca Muerta. No menos trascendente es la existencia de agua dulce en la región cordillerana, como así también la fauna ictícola, hoy depredada por diversos países (en particular, China) en nuestra plataforma continental.
Pero no solo en eso reside su significación estratégica. También lo es por su proyección hacia la Antártida, por el control del Atlántico Sur y del paso natural entre los dos grandes océanos.
Foco de conflictos históricos por la delimitación de la frontera con Chile, al control del espacio terrestre y marítimo también ahora hay que agregarle la necesidad de controlar el espacio aéreo. Y en este aspecto empezamos mal. Durante la gestión kirchnerista se firmó un acuerdo con China que permitió la construcción y operación de una base dual, científico-militar, en Bajada del Agrio, Neuquén. Esto significó una señal de alerta para Occidente, y una pérdida de soberanía. Termina por hacer más complejo este panorama cuando, ahora, desde el Gobierno se deja trascender que China se haría cargo de la construcción y explotación de un puerto en Ushuaia. La respuesta no se hizo esperar: Chile anticipó que prevé desarrollar un polo similar en Punta Arenas, y Gran Bretaña anunció que ampliará su presencia militar en las Islas Malvinas, al mismo tiempo que adecuará las instalaciones de Puerto Argentino para esa misma finalidad.
El manejo irresponsable de la política exterior ha provocado que el Cono Sur, una zona de paz, se esté convirtiendo en un eventual teatro de operaciones del conflicto estratégico del siglo XXI: la confrontación entre Occidente y China, al mismo tiempo que nuestro país pierde protagonismo y soberanía en este área del planeta.
El conflicto generado por la acción violenta de organizaciones pseudo mapuches, autodenominadas RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), en Río Negro, Chubut y Neuquén no deben ser entendidas sino como una amenaza más que se agrega a la situación antes descripta. Usurpación y ocupación de tierras fiscales y privadas, incendios intencionales, cortes de ruta, destrucción de bienes estatales y privados, quema de iglesias y agresiones sistemáticas y planificadas a habitantes de esa zona no son simples delitos comunes tipificados en el Código Penal.
Las RAM aspiran a constituir una nación independiente, con la excusa de la recuperación de su territorio ancestral en nuestra Patagonia, con una clara metodología terrorista y secesionista que nos recuerda al intento del ERP, en la década del 70 en la provincia de Tucumán. Y no hay que hacer inteligencia para verificarlo, basta simplemente con leer sus manifiestos y las expresiones de su máximo referente, Facundo Jones Huala.
Todo ello apoyado por una organización de abogados que tiene entre sus impulsores a vetustos ex Montoneros, como Cirilo Perdía o Fernando Vaca Narvaja, y con la permisividad, cuando no directamente con la complicidad y el apoyo de organismos federales. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dirigido por Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, ha sido sorprendido en reiteradas oportunidades trasladando en vehículos oficiales a militantes de izquierda a las tomas de tierras y asistiendo logísticamente a las ocupaciones ilegales. El Gobierno, sin duda imbuido del espíritu setentista del que se vanagloria, lejos de concurrir con fuerzas federales para neutralizar esta amenaza, le niega el apoyo al pedido de una gobernadora que advierte de la magnitud de la amenaza que significa no solo para los bienes, la vida y la libertad de los argentinos, sino también para el ejercicio real de la soberanía y la preservación de nuestra integridad territorial.
Las RAM no actúan independientemente, sino que son parte de una estrategia más amplia de lo que se ha definido como nueva izquierda, que opera en América Latina y que recibe el apoyo de gobiernos con los que la administración kirchnerista se ha alineado, como los de Bolivia, Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Basta para confirmar esta afirmación lo que en el año 2015 expone el jefe de la policía colombiana, José León Reiñao, ante sus pares chilenos. En efecto, les informa que en un combate entre el Ejército de ese país y un grupo de las FARC muere Raúl Reyes, a la sazón el número dos de esa narcoguerrilla, y se incauta su computadora. Una vez desencriptada se comprueba que su principal interlocutor en Argentina era Facundo Jones Huala, con quien intercambiaba correos en orden a proveerle elementos de formación de cuadros para actividades insurgentes y apoyo logístico, incluido el envío de algunos de los miembros de las RAM para su instrucción militar en el terreno.
Viendo la situación en prospectiva, la reciente decisión del gobierno chileno de enviar su Ejército a la Araucanía implica un recrudecimiento de la actividad de estos grupos en nuestro territorio, por la sencilla razón de que cuando una zona se satura por la presencia del Estado, los grupos que allí operan migran hacia zonas donde existen condiciones más propicias. El territorio de repliegue será nuestra Patagonia, con todo el riesgo que ello significa.
Y frente a la gravedad de este panorama, la actual administración no solo no toma conciencia del riesgo al que nos exponemos, sino que, enredado en sus propias contradicciones, pareciera más preocupado por resolver los problemas de quienes gobiernan que los que afectan a los intereses estratégicos de la Nación.
Ex ministro del Interior y Justicia; ex secretario de Inteligencia.