Con Donald Trump demoliendo un ala de la Casa Blanca y Javier Milei estrenando Canciller -Pablo Quirno-, una pregunta resuena: ¿qué nos pedirán los EE.UU. en el futuro? No es un interrogante retórico, sino un anticipo de las condiciones del alineamiento que Milei proclamó como “incondicional”.
La política exterior norteamericana vive un ciclo de reafirmación nacionalista. Trump dispuso la caducidad del multilateralismo. La OTAN, el Indo-Pacífico, el conflicto Rusia-Ucrania y las convulsiones en Medio Oriente son frentes donde EE.UU. buscará imponer decisiones. En esa lista, América Latina no ocupa una consideración diferente o especial.
Milei dio pasos concretos. La temprana ruptura con los BRICS fue un directo acercamiento a Washington. Pero la administración Trump podría exigir mayor adhesión a sus posiciones globales (que trascienden el tradicional posicionamiento en la órbita occidental). Eso implicaría condenar a Rusia en foros multilaterales y sumarse a las sanciones aplicadas a dicho país y sus funcionarios; alinearse con la OTAN, bloque al cual Argentina ya solicitó su incorporación; y adoptar sin matices la visión norteamericana sobre el Indo-Pacífico y Taiwán. En suma, abandonar posiciones diplomáticas neutrales. Ya lo hizo al respaldar a Israel en sus gravísimos conflictos en Medio Oriente.
Sin entrar a considerar hasta qué punto se podría limitar a la Argentina a no obstaculizar la cooperación militar entre el Reino Unido y Estados Unidos en el Atlántico Sur (lo que podría incidir en la cuestión Malvinas), se mencionan desde una visión más optimista, hipotéticos accesos, por nuestro país, a acuerdos de defensa, inteligencia y comunicaciones; o inversiones en áreas energéticas e informáticas, siempre bajo control de empresas norteamericanas, en la línea del anuncio (hasta aquí no profundizado) de un centro de datos liderado por la empresa Open AI en algún lugar del sur argentino.
La agenda interna de Trump también dejará su huella. Argentina podría enfrentar exigencias -y condicionamientos- de apertura a inversiones estadounidenses en sectores estratégicos como energía nuclear, petróleo, litio, gas o agroindustria en el marco de programas como “América First”. A esto se sumaría la redirección de su comercio exterior: menos soja para China, más carne, minerales y biotecnología para EE.UU. Podría provocar un reacomodamiento productivo nacional, incluido el complejo agro-exportador, y tensión interna sobre alimentos (por lo pronto el anuncio de una mayor cuota de exportación a EE.UU. generó aumentos en las carnicerías argentinas).
Otro punto sensible será el de las patentes farmacéuticas y la propiedad intelectual. Washington lleva años presionando a los países latinoamericanos para modificar sus regímenes de protección, en beneficio de las grandes farmacéuticas. Cambios en la exclusividad de las patentes, limitación en la producción de genéricos y ajuste a los criterios de registro sanitario de la FDA -entre otras medidas- podría afectar la oferta y precio de los medicamentos, restringir la oferta de laboratorios públicos nacionales o provinciales y aumentar la dependencia tecnológica.
En cuanto a cierta liberación de prestaciones educativas (sobre todo en educación superior de grado y posgrado), profesionales y para proveer servicios o bienes en contrataciones públicas de gran escala, podrían generarse complicadas situaciones de competencia para proveedores argentinos.
Mayor control
El Tesoro norteamericano, directamente involucrado en las últimas operaciones de salvataje al gobierno de Milei, mantendría un papel relevante. El control sobre la agenda económica argentina podría incrementarse a través de mecanismos financieros (con agentes norteamericanos, algunos de ellos empleadores por años de funcionarios argentinos) y de deuda. Metas de ajuste fiscal aún más duras y compromisos de liberalización en áreas hoy protegidas. Supervisión en las decisiones monetarias y cambiarias del Banco Central, especialmente en lo referido a los flujos de divisas. Este tutelaje no es nuevo, pero adquiriría un carácter explícito.
Regionalmente, EE.UU. podría requerir que la Argentina adopte una posición de mayor presión diplomática. Trump redefinió su política frente al narcotráfico catalogando a los cárteles como organizaciones terroristas sin requerir la aprobación del Congreso, lo que permite la intervención militar directa. En este marco, señaló al presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados. Esta orientación tensiona aún más las relaciones de Washington con América Latina, en especial con México, Colombia y Venezuela, y amplía las bases para justificar posibles intervenciones bajo el pretexto de combatir organizaciones criminales (en pocos días realizó una decena de ataques a embarcaciones particulares tripuladas por presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico).
Con esta estrategia, EE.UU. podría demandar cooperación (incluso militar) en espacios y problemáticas a priori ajenas a la Argentina (con posibilidad de afectar asuntos internos en los destinos elegidos); y una postura crítica frente a eventuales gobiernos de izquierda en Chile o Perú (sumando la posible continuidad de Lula da Silva en Brasil y al nuevo gobierno centro-izquierdista en Bolivia -Rodrigo Paz-). La exigencia sería de convergencia geopolítica: equilibrar la influencia china. Si Milei aspira a ser un socio preferencial, ese compromiso podría traducirse en presencia militar, acuerdos de inteligencia y facilidades para la cesión de infraestructura estratégica.
La política exterior argentina quedaría sujeta a un contrato implícito: seguridad y respaldo financiero a cambio del encuadramiento total. Cabe recordar que Milei echó a la canciller Diana Mondino, por no haber interpretado el compromiso con Washington y Tel Aviv, al votar en la ONU contra el bloqueo norteamericano sobre Cuba.
Detrás de la retórica bilateral de libertad, se perfila un modelo asimétricamente dependiente. EE.UU. reclamará algo más que gestos. La historia demuestra que ningún alineamiento absoluto es gratuito.
La pregunta, entonces, tanto para la Casa Rosada como para responsables de provincias y municipios, universidades, referentes y organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía, no es solo qué nos pedirán los EE.UU. en el futuro, sino hasta qué punto estaremos dispuestos o finalmente podremos aceptar sus demandas.
En ese margen entre la cooperación y la subordinación, entre el consenso y la sumisión, se jugará la verdadera política exterior de la Argentina de los próximos años.