La noche del 25 de junio los portales web de los periódicos bolivianos publicaban que el comandante general del ejército había sido destituido de su cargo, sin embargo, al día siguiente estos mismos portales dudaban si la destitución había sido efectiva o no. Un día antes, este comandante había señalado en la TV que las fuerzas armadas no permitirían la participación de Evo Morales en las elecciones de 2025. La tarde del 26 de junio una facción del ejército bajo el mando del comandante aparentemente destituido cercó el centro político de la sede de gobierno. En consecuencia, se empezó a hablar de golpe de Estado; una tanqueta intentó derribar la puerta del palacio de gobierno. El comandante aparentemente destituido daba declaraciones a los medios, y claramente señalaba que estaba dando un golpe de Estado.
Se transmitieron declaraciones, comunicados y hasta un intercambio de palabras entre el presidente y el comandante aparentemente destituido. El primero le ordenaba desmovilizar las tropas, el segundo se negaba. Unos minutos más tarde, el presidente posesionaba a un nuevo alto mando militar, quienes ordenaron a las tropas desmovilizarse y los militares abandonaron la plaza Murillo junto con el comandante, esta vez con certeza, destituido. Minutos más tarde se apresaba al ex comandante, y éste decía que el presidente le había solicitado que desarrolle esta actuación porque la popularidad del gobierno había caído.
¿Golpe de Estado fallido a autogolpe?
Lógicamente el gobierno apuesta a la primera interpretación, arguyendo que los mandos desobedecieron al comandante golpista. Por otro lado, los opositores tanto bolivianos como extranjeros arguyen la cercanía de amistad que tenían el comandante y el presidente.
Bolivia tiene un diseño constitucional presidencialista. La tradición caudillista de los presidentes es parte de la historia política de Bolivia; la Constitución otorga al presidente una serie amplísima de atribuciones; el diseño constitucional de la división de poderes no deja en claro la cabeza de los otros órganos. Desde hace algunos meses el tribunal constitucional ha ido cercenando las atribuciones del legislativo, al punto que a la fecha no ha podido desarrollar regularmente sus tareas, entre ellas la renovación del órgano judicial y del tribunal constitucional. El tribunal constitucional determinó en una declaración prorrogar el mandato de los magistrados bajo el argumento de que no se podía dejar acéfalo un órgano de poder, y cada semana suspende alguna actividad que pretende realizar el legislativo, generando ya no un modelo presidencialista, sino uno hiperpresidencialista, con un legislativo casi simbólico y un órgano judicial sin legitimidad y con muchas dudas de su constitucionalidad.
Un golpe de Estado, sea éste fallido o incluso un curioso autogolpe, es un punto de llegada de un proceso de desinstitucionalización y desconstitucionalización de un Estado. Es un proceso en el que las instituciones democráticas que garantizan la pluralidad de actores en el juego político están cercenadas y obstaculizadas, al punto de no poder desarrollar sus funciones. En Bolivia se encuentra en riesgo no sólo la elección de las autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional, sino también se encuentra en riesgo las elecciones primarias, necesarias para las consecutivas elecciones generales de 2025.
Un conjunto de acciones jurídicas ha impedido que algunos partidos políticos, como el MAS de Evo Morales, puedan avanzar a la definición de candidatos; el órgano ejecutivo se muestra interesado en que el MAS y otros partidos políticos no puedan avanzar en el juego político democrático.
Hace algunas semanas, antes del curioso episodio del 26 de junio, el presidente de la cámara de senadores, en aplicación de la Constitución y del reglamento de la cámara de senadores y en ausencia del vicepresidente del Estado, que suplía al presidente debido a un viaje de éste al extranjero, convocó a una reunión de la asamblea legislativa, sin embargo, una decisión del tribunal constitucional desautorizó esta convocatoria y puso en duda la constitucionalidad y legalidad de esta sesión legislativa, en la que se cumplió con el quorum de ley, y se sancionaron normas que cesaban a las autoridades prorrogadas del órgano judicial y del tribunal constitucional.
A este escenario complejo se debe añadir la crisis económica, que ya no cuenta con el mismo ingreso de recursos económicos para cubrir el gasto ordinario de la administración pública y las empresas del Estado. En lo cotidiano esta crisis se expresa en la falta de dólares en los bancos y la aparición de un mercado ilegal y paralelo.
Esto afecta directamente a la figura del presidente, quien llegó al gobierno como el artífice del “milagro económico”, es decir, quien diseñó un modelo económico que en los años de gobierno de Evo Morales fue exitoso. En este contexto, la popularidad del presidente Arce se encuentra en caída: no se puede ser el abanderado de la buena economía de años pasados y a la vez gobernar bajo una crisis económica compleja, si a ello le sumamos el conflicto político interno del partido de gobierno.
En consecuencia, el curioso episodio de la tarde del 26 de junio se inscribe como parte de este proceso complejo de desinstitucionalización y desconstitucionalización, de crisis y caída en la popularidad del gobierno, que ahora cabe sumar el cuestionamiento a la pobre y precaria institucionalidad de las fuerzas armadas en Bolivia, que junto con las instituciones de administración de justicia, se derrumban ante la mirada triste y atónita de la población.
Se dice que Bolivia siempre que llega al borde del abismo se recupera y retrocede, sin embargo, un mal gobierno puede llevarla a que dé un paso al frente.
*Profesor de teoría del Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz