Se recalienta el frente gremial
Cuando el gobierno provincial cerró el acuerdo con UEPC el gobernador creyó que se despejaba en el 2025 uno de los conflictos que más costo social le demanda a la administración. Porque es el más numeroso con más de 80.000 activos, es el que más jubilados tiene y porque impacta en cada hogar con estudiantes.
Pero lo que no imaginaba era que dos frentes casi inorgánicos ensombrecen el panorama entre los empleados públicos. Uno es el sector de la salud donde la caída de contratos, especialmente entre enfermeras, está generando asambleas casi permanentes en varios hospitales. El otro rostro del conflicto proviene de los autoconvocados de la justicia que se manifestaron frente al Palacio de Tribunales en la apertura del año judicial. Son un grupo numeroso y exhiben recibos de sueldos que apenas superan los 700.000 pesos y están muy lejos de las cifras que la gente imagina que se cobran en los tribunales.
El paro del martes pasado se sintió muy fuerte en el fuero penal y el laboral y en algunas oficinas solo había funcionarios. Fue una reacción del gremio que salió a jugar fuerte para contener a este grupo que no se siente representado y ante el reclamo del resto de la planta que quiere la equiparación con los federales. El acuerdo al que arribó el TSJ con el sindicato recibió una respuesta del ejecutivo: “No hay plata”.
Pero en Salud la situación puede desmejorar rápidamente. Un referente que conoce en profundidad el paño aseguraba esta semana que el desafío es doble: “por un lado el SEP, UTS y ATE representan fragmentariamente a cada grupo y no es posible encontrar una figura ordenadora con quien negociar. Además, hay que esperar la reacción de los médicos porque si hay renuncias en masa en algunos servicios el conflicto puede descarrilarse como en la pospandemia y el gobierno no debe querer un problema de esa magnitud en un año electoral” resumía un ex sindicalista.
Reparto de costos políticos en la Legislatura
La crisis desatada por la difusión de la lista de contratados en la Unicameral provocó múltiples lecturas y cada bando salió a explicar su postura en el escándalo. Cerca de las oficinas de la vicegobernación -y en estricto off- no se cansan de repetir que la mayoría de los empleados provienen del pago de favores políticos que se acordaron con el Panal y especialmente en la cartera de Manuel Calvo. Muchos ex intendentes que aparecen en el listado no pudieron ir por otro mandato pero aún hoy garantizan gobernabilidad y control en el territorio. “Incluso varios radicales” recalcan.
En algunos pueblos se estableció un acuerdo donde el intendente saliente recibía un contrato como asesor del municipio y la Legislatura le completaba los ingresos con un cargo.
Un legislador opositor con varios años de experiencia en el recinto se preguntaba por qué el gobierno permitió que el asunto aumentara de volumen ya que “el costo político lo iba a pagar sí o sí, con depuración de nombres o sin ellos”.
Que Mendiolaza no sea ejemplo
Desde el Centro Cívico están siguiendo con preocupación el desarrollo del proceso de revocatoria que encaró un grupo de vecinos en contra de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning. Los habitantes de la localidad señalan como causales los elevados aumentos en las tasas, la falta de mantenimiento de calles y luminarias y los escándalos derivados de la renuncia de funcionarios. La jueza electoral Marta Vidal autorizó la constitución de la Junta Electoral y el paso siguiente fue la recolección de al menos 1.300 firmas certificadas por la policía.
La intendenta del PRO concurrió hasta la comisaría junto a tres abogados para detener el proceso de junta de firmas y provocó un verdadero escándalo que involucró a vecinos y a las autoridades policiales.
Pero la mayor inquietud entre los funcionarios políticos de la gobernación es que el caso se convierta en un modelo traspolable a otros municipios o comunas donde la crisis derive en destituciones y elecciones anticipadas. Una fuente muy calificada en estos temas señaló que “el intendentismo es uno de los pilares de la gobernabilidad del territorio y como una forma de asegurar servicios y de imponer autoridad. Si eso se desmadra también lo hará un modelo que funcionó sin fisuras desde los años ‘80”.
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