Zona de riesgo
Alfonso Mosquera irá a juicio desde el martes en una causa con graves cargos. El ex ministro de Seguridad está imputado de nueve hechos entre los que se cuentan abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves calificadas, hurto, amenazas y amenazas calificadas reiteradas.
Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2023 y fueron denunciados por una policía con quien Mosquera habría mantenido una relación paralela.
La Cámara 9ª llevará a cabo las 6 audiencias previstas inicialmente y la fiscal del juicio será Laura Batistelli, quien protagoniza por estos días un fuerte cruce con los vocales de la Cámara 3ª por el veredicto que se dictó en el marco de la causa por el crimen de Gabriela Pérez en un almuerzo del gremio Soelsac.
Desde el Panal respiraron aliviados al saber que las audiencias serán a puertas cerradas ya que se ventilan hechos de instancia privada. «Mosquera nunca fue funcionario de Llaryora» aclara una fuente que parece desconocer que el cordobesismo es una continuidad de aquel poder. Mosquera tiene otra causa donde está imputado por dádivas, en una derivación del caso Blas Correas y donde supuestamente entregó un auto de uso oficial como prenda de apoyo a un oficial que intervino en aquella noche.
«Cada juicio contra ex funcionarios a nosotros no nos toca directamente, pero genera un clima social que tenemos que disipar rápido, antes de que empiece la campaña» dicen cerca del gobierno.
Un alfil de Llaryora
La torre de la Justicia Federal siempre es un sitio donde los rumores y las noticias «por lo bajo» recorren sus pasillos. Esta semana, el affaire Sánchez Torres bajó de intensidad y se comenzó a hablar de los postulantes a ocupar el Juzgado Nº 1 con competencia electoral.
Por estos días se conoció el resultado del examen escrito – materializado el año pasado- que dejó al abogado Ignacio Segura en primer lugar, seguido por Carlos Diaz Lannes -secretario penal en Villa Mercedes- y el mendocino Andrés Da Rold, ex senador de aquella provincia.
«Llama la atención porque Nacho quedó muy por encima de gente con experiencia en concursos y muy estudiosa, como Milton Peralta, juez de control, que es un académico brillante y acostumbrado a los exámenes» dice, no sin malicia, un letrado.
Segura fue presidente del Colegio de Abogados y es muy cercano al gobernador. Junto a Juan Manuel Cid (otro operador judicial del cordobesismo), protagonizó una fuerte interna para ser ministro de Justicia de la provincia. Como no llegaron a un acuerdo continuó Julián López en ese puesto.
«Segura corre con muchas ventajas -dice un político que conoce de internas judiciales- porque trabaja en el Consejo de la Magistratura como asesor de María Fernanda Vázquez, parte del armado de Diego Molea, aliado a Llaryora en la última elección del fuero de abogados para el organismo».
«Lo peor -dice la fuente- es que Vázquez nunca se apartó del proceso de selección, a pesar de que hay vínculos formales con Segura. Un fiscal de Comodoro Py dijo que no es motivo suficiente», concluyó amargado.
Todavía faltan muchos pasos para que el camino a la selección final tenga una firma, pero no se debe olvidar un componente político que siempre existe en estos casos: todos los jueces federales con competencia electoral se designan con un guiño del gobernador de turno. Y Llaryora, con seguridad, quiere hacer valer ese poder.
Adversarios declarados
En los últimos días se abrió un estado de conflicto feroz en el Poder Judicial de Córdoba con gestos cargados de significado para los protagonistas. Uno de esos hechos fue la Acordada del TSJ donde le rechazan a la Procuradora Penitenciaria el pedido de nombramiento de cinco empleados.
Lo que parece un hecho administrativo es más severo de lo que se supone.
«No es común que se responda de ese modo y tan vehemente a un requerimiento de personal. Además, le bajan el precio a su cargo» dice un funcionario judicial al tanto de las internas. «Después de eso le informaron a Bettina Croppi que debía desalojar las oficinas que ocupan en un edificio a media cuadra de Tribunales I y también trasladan al Ministerio Público de la Defensa, que está dos pisos más arriba», cuenta.
El enfrentamiento también parece incluir a altos funcionarios judiciales con despacho en el Primer Piso del Palacio de Justicia, que fueron notificados que deben dejar sus oficinas libres antes del martes próximo y trasladarse a un inmueble de la calle Tucumán, donde funcionó hasta hace un mes el Fuero de Familia.