La situación del fiscal federal Carlos Stornelli, acusado de extorsionar a empresarios en el marco de la causa llamada “Cuadernos Gloria”, se agravó en las últimas horas. No sólo fue denunciado por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, sino también recusado por el abogado de otro implicado en el mismo expediente.
Se trata del letrado José Manuel Ubeira, quien está a cargo de la defensa de Oscar Thomas, ex director de la Entidad Nacional Yacyretá. En el texto presentado ante la Justicia, el letrado acusó a Stornelli de promover la realización de una cámara oculta en su contra para comprometerlo en un delito. La acusación se desprende de las capturas de pantalla tomadas de una conversación que mantuvo Stornelli con Marcelo D’Alessio, quien sería el operador del funcionario judicial. Además, se apoya en las conversaciones que D’Alessio mantuvo con Etchebest.
Según el escrito de Ubeira, “había interés del fiscal” en que se le hiciera una cámara oculta con el fin de involucrarlo “en la comisión de un delito de coacción o extorsión al recusado (Stornelli) y ser presentada en esta jurisdicción”. Además, el abogado defensor identificó a un colega mencionado por D’Alessio en la misma conversación. Es Rodrigo González, quien defiende a Leonardo Fariña en la misma causa en la que Ubeira lo hace respecto del financista Federico Elaskar. El expediente es conocido como “La Rosadita” o “la ruta del dinero K”.
En la cámara oculta, González debía ofrecerle a Ubeira un “servicio” de Fariña. La maniobra consistía en ofrecerle un ilícito al letrado defensor y que fuera él quien quedara en la posición de extorsionador frente al fiscal. La intención, según se desprende de la conversación entre Stornelli y D’Alessio expuesta en el chat, era presentar la filmación ante el fiscal a través de un desconocido. “Se buscaba probar una pretensa extorsión contra un fiscal federal (Stornelli). Si yo miro al final del asunto lo que buscaban era meterme en cana”, sostuvo Ubeira en declaraciones televisivas. Finalmente, es D’Alessio quien termina ofreciéndose a hacerle la cámara oculta.
Respecto de los motivos detrás de la supuesta maniobra, Ubeira dijo lo siguiente: “Están buscándole la vuelta a un abogado que defiende a una persona que no se arrepintió y que no entregó a nadie y que es una molestia enorme dentro de la causa. Porque Oscar Thomas es una persona que genera un problema enorme”.
Por otro lado, Ubeira agregó que “Comodoro Py y la causa de los cuadernos son un teatro de operaciones” de este tipo. La recusación tendrá que ser resuelta por el juez Claudio Bonadio, quien definirá si Stornelli sigue al frente del caso de los cuadernos o es apartado y reemplazado. Cabe destacar que el magistrado también se vio envuelto en las últimas horas en el escándalo. D’Alessio lo menciona en reiteradas oportunidades en el marco de sus conversaciones con Etchebest.
Carrió afirma que la causa fue armada por presos kirchneristas
La Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria (CC-AR) denunció que la acusación contra Stornelli es una “operación” armada por ex funcionarios kirchneristas presos en el penal de Ezeiza. Las legisladoras Paula Oliveto y Mariana Zuvic presentaron la denuncia el viernes pasado ante el fiscal Franco Picardi (quien estaba de turno en Comodoro Py). Sin embargo, lo llamativo del caso es que la denuncia tiene como base polémicas escuchas telefónicas realizadas dentro de la cárcel que le llegaron de manera anónima hasta Elisa Carrió. Las conversaciones transcriptas permiten inferir que ex funcionarios presos sabían de la denuncia que involucraría a Stornelli antes de que se hiciera pública.
Denuncian por “defraudación” al abogado D’Alessio
El fiscal Stornelli denunció por defraudación a D’Alessio, quien habría operado en su nombre en el marco del supuesto cobro de coimas a empresarios a cambio de favores judiciales. La denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini. El magistrado interviene en el caso junto a la fiscal Alejandra Mángano, quien decidirá si impulsa la investigación formal. El delito de defraudación prevé una pena de un mes a seis años de prisión para quien “defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos”. Cabe recordar que Stornelli intentó, durante los últimos días, instalar que no conoce a D’Alessio, pese a que el material revelado sugiere lo contrario.