La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió ayer por unanimidad los temas que tratará durante 2019. Entre los 11 casos que integran el listado, hay tres que podrían complicar el “déficit fiscal cero” al que pretende llegar el gobierno nacional este año y que fue convenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El primero es un amparo presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación para que todas las jubilaciones y pensiones se ajusten según el precedente “Badaro”. Cabe recordar que en 2007, el máximo tribunal falló a favor de Adolfo Valentín Badaro, quien reclamaba por un reajuste en su jubilación. De esta manera, si la Corte Suprema falla en contra del gobierno nacional, habría un importante costo para el fisco.
Por otro lado, la Corte resolverá el reclamo del diputado nacional de Red por Argentina, Felipe Solá, contra el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del presidente Mauricio Macri que autorizó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales. Al respecto, el legislador Solá puntualizó días atrás que su denuncia sobre la “inconstitucionalidad” de esa disposición del Presidente radica en que “ninguna ley puede ser cambiada por un decreto”.
El tercer tema que puede repercutir en las finanzas nacionales y sobre la que deberá expedirse el máximo tribunal es la aplicación del pago del Impuesto a las Ganancias para las jubilaciones. La CSJN tendrá que definir resolver el “caso García”, el reclamo de un jubilado que pidió dejar de pagar el tributo.
Por otro lado, también está en agenda el pedido de un sector de Cambiemos y del peronismo para declarar inconstitucional la enmienda que habilitó la re-reelección del gobernador de La Rioja, Sergio Casas. A su vez, la Corte también prevé definir el pedido de empresas mineras, entre ellas la Barrick Gold, para declarar inconstitucional la Ley de Glaciares.
También está contemplado tratar la regulación en la instalación de antenas celulares a partir de un planteo hecho por la Municipalidad del departamento salteño de General Güemes y la prescripción o no de las acciones civiles vinculadas a víctimas de la última dictadura militar.
El tribunal presidido por Carlos Rosenkrantz también tiene previsto realizar audiencias públicas este año sobre la facultad de los municipios en materia de tasa de inspección de seguridad e higiene, y sobre el Fondo Sojero a partir de un reclamo de la provincia de Santa Cruz, entre otros. Se sumará otra por el reclamo de la empresa Esso a la Municipalidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, por la tasa de facturación.
Finalmente, la Corte Suprema se expedirá sobre la constitucionalidad de los juicios por jurados, un expediente en el que están involucrados dirigente de la agrupación de Milagro Sala “Tupac Amaru”.