En un fallo resuelto por unanimidad, los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti declararon ayer inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia del 19 de agosto de 2016 que recortaba en un 75% las reparaciones que podían reclamar aquellas personas que se vieron obligadas a dejar el país entre 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico militar. El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, no votó.
En esa oportunidad, mediante la Resolución 670-E de la cartera que dirige Germán Garavano, el Gobierno había establecido que aquellas personas que se vieron forzadas a dejar el país durante el Proceso tenían derecho a reclamar una indemnización, aunque por un monto menor que aquellos que fueron detenidos/desaparecidos. En ese momento, la administración de Mauricio Macri dispuso que quienes quisieran reclamar una reparación por “exilio forzado” iban a recibir una indemnización equivalente al 25% de lo que percibían los ex presos. Hasta entonces, los montos de las reparaciones eran iguales, y con esta decisión, Garavano hizo una quita del 75%.
La decisión llegó a la Corte por un recurso extraordinario luego de la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad sobre la resolución de Garavano realizada por María Cristina Fernández, quien debió exiliarse en México entre 1975 y 1983. El fallo de ayer revirtió la resolución de los camaristas y recordó que en la causa “Yofre de Vaca Narvaja”, en 2004 estableció que el beneficio otorgado por aquella ley también podía ser reclamado en los casos de exilio forzoso, criterio que fue aplicado en numerosas causas posteriores. En aquella oportunidad la justicia estableció que “a los fines de la ley, la detención es equiparable al ostracismo” por lo que correspondía desestimar “el razonamiento que pretende excluir de las reparaciones este tipo de violación a los derechos humanos”. Por eso los jueces determinaron que, en base al principio de división de poderes, el ministerio no estaba autorizado a modificar la ley y sobrepasó sus potestades al cambiar el régimen indemnizatorio aprobado por el Congreso de la Nación.
Dictan la emergencia judicial por un año
El Consejo de la Magistratura declaró ayer la “emergencia en materia de infraestructura edilicia en todas las dependencias del Poder Judicial de Nación” por el periodo de un año. El organismo resolvió esto a partir de un pedido realizado por el gremio que agrupa a los empleados judiciales de la nación. La medida fue anunciada en la resolución 217/2019 publicada el lunes en el Boletín Oficial, luego de que el Consejo la aprobara en la última sesión plenaria de sus integrantes.
Durante aquella reunión, los consejeros analizaron una serie de documentos que daban cuenta de la grave situación presupuestaria que afecta a los tribunales nacionales y federales de todo el país. El organismo decidió, además, avanzar durante ese periodo en la adopción de medidas puntuales que tiendan a solucionar esas deficiencias y necesidades.