El gobierno nacional salió a defender ayer la intervención y expropiación de la empresa cerealera Vicentín, al argumentar que se trata de una medida excepcional” que busca preservar las fuentes de trabajo”, luego de oficializar la decisión mediante la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020.
No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”, aclaró el propio presidente Alberto Fernández en declaraciones públicas, donde enfatizó que la decisión se tomó para preservar una empresa muy importante del mercado cerealero”, puesto que por ella pasa el 13% de las exportaciones de cereales de Argentina”, a la vez que insistió en que el objetivo es mantener las fuentes de trabajo y la tranquilidad de los productores”.
Dispusimos la intervención por 60 días para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando”, explicó Fernández y advirtió que el Gobierno se está haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”. Se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica”, insistió y argumentó que no es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares (de deuda de la firma), llegamos a una empresa en concurso, porque los que critican esto le quieren hacer creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra”, enfatizó.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró que la expropiación permitirá a Vicentín asumir un rol de empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo”. En el caso de Vicentín, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas y aseguró que toda la plata que Vicentín tomó y no devolvió es la que podría haber tenido otra empresa y eso es plata que no se le pudo prestar a las pymes”.
Por su parte, el grupo de instituciones internacionales que integran el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de la firma respaldó la decisión oficial al expresar la firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” para discutir la regularización de la deuda de Vicentín con sus representados, estimada en alrededor de 500.000.000 de dólares.
La familia anunció que recurrirá la decisión en la Justicia
La compañía Vicentín anunció ayer que recurrirá en la Justicia la decisión del gobierno nacional de intervenir la firma y enviar al Congreso un proyecto para disponer su expropiación, debido a que se encuentra ajustada al marco legal vigente” en el país. El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas”, señaló la familia Vicentín a través de un comunicado.
La compañía reclamó la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país”, y subrayó que la firma se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores”. También destaco que la empresa ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”. El directorio de la firma destacó que los activos de la empresa son muy importantes y están intactos”, y añadió que no se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador”.
Posiciones divididas en el campo
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) criticó la intervención de la empresa Vicentín dispuesta por el gobierno nacional al considerar que la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”. En un comunicado, la entidad rural también expresó que no creemos que la expropiación sea la única herramienta” y opinó que este sistema de decisiones del Ejecutivo está por encima del Judicial”. Por su parte, el dirigente agropecuario y ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, respaldó la disposición al argumentar que pone a salvaguarda a productores de granos y a 5.000 trabajadores que pueden perder su empleo”.
Es una decisión oportuna y necesaria”, explicó Buzzi al analizar que es preciso recordar que es una empresa cerealera que produce también alimentos y vende granos al exterior, que entró en un pedido de quiebra y concurso de acreedores por mal manejo y con una deuda gigantesca”. El dirigente insistió en que la decisión del Ejecutivo es importante y necesaria” dado que existe un peligro de que Vicentín termine en manos de extranjeros”.
Denuncia penal de Juntos por el Cambio contra el Presidente
Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández por abuso de autoridad” por la intervención de la empresa Vicentín. El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron los legisladores.
La titular del PRO, Patricia Bullrich, respaldó la decisión al considerar que tras la intervención de Vicentín ahora su deuda es de todos los argentinos”, sin reparar en que durante la gestión de Mauricio Macri el Banco Nación le otorgó préstamos por 18.000 millones de pesos a la firma, incluso cuando ya se encontraba en cesación de pagos. Es un verdadero abuso de autoridad”, consideró la ex funcionaria macrista, quien añadió que se trata de un empresa privada que estaba en un proceso legal de quiebra”. Al ser consultada sobre el hecho de que Vicentín fue la principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, Bullrich dijo desconocer el dato.
Protestas en Avellaneda
Vecinos de la ciudad santafesina de Avellaneda se manifestaron ayer en la sede de la empresa agroindustrial Vicentin para rechazar la decisión del Gobierno de intervenir la compañía ante una deuda que ronda los US$ 1.350 millones. La convocatoria fue impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación titulada: «No a la expropiación». La concentración comenzó a las 18 en la calle 14 y avenida San Martín y la consigna era asistir a la movilización con una bandera argentina.
«Participá en tu auto tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social», indicó la publicación de Scarpin. Sin embargo, cientos de personas participaron de la manifestación en la calle y rodearon el edificio con una bandera argentina. Antes de la protesta, Scarpin criticó el accionar del Gobierno y en declaraciones radiales fustigó: «Están robando parte de una historia, sacrificio y esfuerzo».