No se habían retirado los legisladores de la Unicameral el pasado miércoles por la noche, y todas las miradas ya apuntaban al Concejo Deliberante de la capital provincial, buscando enterarnos de cómo será la forma en que se aplicará la flamante norma en la ciudad de Córdoba. El titular del cuerpo, el viceintendente Javier Pretto, explicó que quieren un proyecto consensuado y consideró que hay tiempo suficiente como para que el texto final no salga “a las apuradas”.
Hoy Día Córdoba: ¿Cómo está el debate del tema en el Concejo Deliberante?
Javier Pretto: Así es. La aprobación de la ley provincial ha fijado un marco claro y ha establecido que la actividad está prohibida. Lo más importante que ha conseguido la ley es que se acaba la extorsión de los naranjitas en la calle. A partir de ahí, cada municipio tiene que regular el estacionamiento medido. Nosotros tenemos necesidad de hacerlo. Tenemos siete proyectos presentados, de distintos bloques, en la comisión especial que se creó para debatir el Código de Convivencia Urbana, pero a partir de la semana que viene se tratará en la Comisión de Servicios Públicos, que es la comisión que va a emitir el despacho rumbo a la ordenanza.
Lo que ya está consensuado
HDC: ¿Hay puntos en común entre estos siete proyectos?
JP: Lo importante es que, si bien estos siete proyectos tienen detalles y enfoques distintos, hay un núcleo bastante importante de conceptos en los que la mayoría está de acuerdo. Creo que va a ser bueno alcanzar un consenso con un texto que satisfaga todas las expectativas.
HDC: ¿Por ejemplo?
JP: Por ejemplo, en que las zonas a controlarse tienen que ser zonas perfectamente delimitadas y demarcadas por el municipio. La cooperativa o el controlador debe estar debidamente identificado, cumpliendo los requisitos de no registrar antecedentes de varios delitos, como ha aparecido en la ley. Tendrán una identificación con un chaleco de otro color para no seguir estigmatizando al «naranjita», y que tenga un código QR bien amplio, bien grande, que se pueda a la distancia tomar la información de modo que se pueda corroborar si es la persona autorizada a controlar el estacionamiento en ese lugar. Y finalmente, el pago por vía de una aplicación, de modo que se elimina el uso del dinero en efectivo en la calle, que también es motivo de discusión.
HDC: ¿Quién fijará el monto de la tarifa?
JP: Al monto lo va a fijar la municipalidad. Posiblemente la ordenanza fije algún parámetro y seguramente, vía reglamentación, el ejecutivo será el que fije el monto y la forma en que se actualizará. Pero va a ser una tarifa plana, igual para todos.
HDC: ¿Qué ventajas ofrece el uso de la tecnología?
JP: Lo importante es que el uso de la tecnología nos va a permitir distintos tipos de controles: de la institución, de la persona controladora, del lugar donde se establece y del vehículo que estaciona también. Inclusive, si puede reportar algún daño, si el vehículo quedó abierto, si quedó algún vidrio bajo, si tiene elementos que puedan tentar algún delito, lo que fuera. La app va a permitir un ida y vuelta de información que va a ser muy bueno para que el control sea efectivo. Entiendo que, fijando todas estas condiciones y con el doble control de la municipalidad a través de sus inspectores y de la guardia urbana por un lado, y de la policía provincial, que va a ser el control también de que se cumpla la ley provincial y la ordenanza, el sistema tiene que funcionar bien.
La situación de las cooperativas y los eventos masivos
HDC: ¿Qué pasará con las actuales cooperativas que están funcionando?
JP: Las que están funcionando actualmente van a tener que adaptarse a las condiciones nuevas que exige la ordenanza. No va a haber otra forma de funcionar.
HDC: ¿Se van a sumar nuevas zonas? ¿Podrían trabajar en eventos públicos?
JP: Claro, por ejemplo, en espectáculos públicos, como el Kempes. Hoy se está terminando la obra de estacionamiento medido provincial que va a ser concesionado bajo la traza de la autopista, pero todo el espacio circundante al estadio, que es muchísimo y donde se llenan muchísimos autos, va a estar sometido al control del servicio municipal controlado.
HDC: ¿Ahí van a trabajar con el precio que fije la municipalidad, con la app y el QR?
JP: Exactamente. Hoy tenemos, por ejemplo, el «naranjita» que cree ser el socio de la decisión de ir a un espectáculo, porque te dice: «¿Por qué no me van a pagar 20 o 30 mil pesos a mí si estás pagando 70 u 80 mil pesos una entrada o 100 mil pesos lo que fuera?». No tiene nada que ver una cosa con la otra. Habrá una tarifa plana y única, que la fijará el municipio.
Limpiavidrios y vendedores, afuera
HDC: Pasando a otro tema, ¿qué sucederá con los limpiavidrios? ¿Quedan prohibidos?
JP: La actividad está prohibida por ley. Pero también la ley establece la obligación de que el gobierno provincial, a través de sus ministerios pertinentes, forme, capacite y pueda ayudar a adquirir alguna destreza o capacitación para desempeñarse en un trabajo. Es decir, que tiene implícita la inclusión laboral. Del mismo modo, el municipio también lo está haciendo, con cursos, con formación, con capacitación y con asistencia a quien lo necesite, porque muchos tienen problemas de consumo problemático, de alcoholismo, y van a ser tratados como corresponde.
HDC: ¿Qué pasa si una persona se pone a limpiar vidrios y a su vez tiene un producto para ofrecer en venta ambulante?
JP: La venta ambulante está prohibida. Así que la venta ambulante tiene que regirse por la norma que establece.
HDC: Pero si usted recorre la ciudad, cada vez hay más gente ofreciendo desde bolsas hasta comida…
JP: Estoy de acuerdo, eso lo genera la necesidad de hacer un peso, pero es imposible tener un inspector en cada cuadra. Por eso también es importante la colaboración del vecino, el control social, porque si vos sabes que está prohibida la venta ambulante, no le comprés al vendedor ambulante.
HDC: Hablando de crisis, algunos cuestionan que no es el momento para esta medida, como dijo un legislador “es un proyecto para una Córdoba de pleno empleo”…
JP: Hace muchísimos años que no hay pleno empleo en Argentina. Si esperáramos el pleno empleo, nunca vamos a tomar ninguna decisión. Lo importante de acá es que no vamos a dejar a nadie sin ayudar. Por eso la obligación de la ley provincial de asistir a través de los ministerios en la formación y capacitación para la inclusión laboral, del mismo modo que lo va a hacer el municipio.
El perfil de la ordenanza
HDC: ¿Qué perfil tendrá esta nueva ordenanza? ¿Más social que represivo?
JP: Tendrá el perfil que tiene que tener, el de controlar el espacio público sin desentenderse de la necesidad social de quien no reúna la condición para estar ahí. Poner orden, control del espacio público y asistencia a las personas que lo necesiten que no puedan incluirse en el sistema.
HDC: ¿Hay tiempo para que la ordenanza no salga “a las apuradas”?
JP: Esta semana la Comisión de Servicios Públicos empieza a unificar los proyectos. La ley establece 30 días para entrar en vigencia desde la publicación. La publicación va a entrar la semana que viene. Tenemos 30 días para que entre en vigencia y tenemos 30 días más para que los municipios saquen su ordenanza. O sea, tenemos unos 60 o 70 días. Se va a hacer algo muy razonable y hay tiempo suficiente para tratarlo adecuadamente.
