La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia convocó para mañana a la ex funcionaria del gobierno de Cambiemos Susana Martinengo para escuchar su versión sobre los hechos que la sindican como un engranaje clave en las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se investigan en el juzgado de Lomas de Zamora, en Capital Federal.
El escándalo por el supuesto espionaje desarrollado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Mauricio Macri, crece por dos frentes: por un lado el juzgado que conduce Federico Villena, que de a poco va comunicándole a las víctimas cómo fueron espiadas, y el Congreso, por donde estos días desfilan los supuestos victimarios (y también algunas víctimas) para revelar detalles de las maniobras.
Antes de Martinengo, señalada en el Congreso por ex espías que dijeron llevarle información, están citados a la bicameral los ex agentes Jorge Turco” Saez y Alan Ruiz y el periodista Carlos Pagni, quien figura entre las presuntas víctimas de la organización investigada. Ruiz (estrecho colaborador de Patricia Bullrich) es el ex director de Operaciones Especiales de la AFI y está señalado en la investigación judicial como quien daba las órdenes a los Súper Mario Bross –tal como ellos se autodenominaron en un grupo de Whatsapp-, mientras Sáez fue el responsable de reclutar a varios de los espías investigados.
Tanto Martinengo como Sáez y Ruiz fueron mencionados en los últimos días por los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque en sus respectivos pasos por la comisión del Congreso que los convocó para conocer los detalles del espionaje ilegal. En su intervención del martes, Melo ratificó que le pidieron seguir a una hermana del ex mandatario y operar contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano.
En paralelo, avanza el expediente judicial que tiene en sus manos el juez Villena tras encontrar documentos sobre las operaciones de inteligencia en el teléfono de un ex espía al que llegó luego de que un narcotraficante detenido declarara que había sido contratado por la AFI para cometer un atentado en contra de José Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa de la gestión de Oscar Aguad.
Villena rechazó ayer apartarse de la causa al responder a una recusación en su contra presentada por los ex agentes imputados en la pesquisa –Melo, Sáez y Araque- que lo señalaban como el juez que facilitó que fueran intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza, por lo que sostienen que no debería investigar supuestas maniobras de espionaje en esa cárcel. No soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados”, sostuvo Villena en la resolución en la que rechazó la recusación.
Una de las novedades de la jornada de ayer fue que el juez pospuso para el lunes próximo las declaraciones del secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y de su adjunto en el gremio, su hijo Pablo, quienes habían sido citados para que les fuera exhibido el material que probaría que fueron víctimas de espionaje. Esta semana también esperaban en Lomas de Zamora al ex presidente de la Cámara de Diputados durante el macrismo, Emilio Monzó, y al ex titular del bloque de Diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, en calidad de víctimas.
Sin embargo, esas visitas también se aplazarán como consecuencia de que a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le fuera detectado coronavirus y varios dirigentes de ese espacio político mantuvieron reuniones en los últimos días, por lo que decidieron aislarse.
Rechazo académico a las maniobras de inteligencia
Un total de 680 universitarios y científicos de todo el país repudiaron en un comunicado las supuestas maniobras de espionaje ilegal realizadas a integrantes de esa comunidad por la AFI. El 5 de junio cobró estado público el descubrimiento de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019) sobre centenares de periodistas, integrantes de la academia y militantes de organizaciones sociales y políticas”, señaló el comunicado.
Entendemos que estas prácticas, cercanas a las acciones de persecución, hostigamiento, criminalización y represión perpetradas por el Terrorismo de Estado, instalado en 1976 en nuestro país, incurre en una flagrante violación de derechos humanos básicos como el derecho a la intimidad, a la libre asociación, a la libertad de expresión, de manifestación y prensa”, agregaron.
Foto: Los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentaron en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en el anexo del Senado de la Nación, el 4 de abril de 2019.