La diputada cordobesa cuestionó el enfoque del proyecto oficialista y alertó que, sin políticas de prevención social, podría profundizarse la tendencia a bajar la edad de imputabilidad en el país.
En una semana marcada por la tensión política en el Congreso, el debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición. En ese contexto, la diputada nacional Natalia de la Sota lanzó una dura advertencia sobre el rumbo de la iniciativa y cuestionó el enfoque del proyecto.
La legisladora cordobesa criticó la propuesta promovida por la gestión de Javier Milei, que inicialmente planteaba reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y luego la fijó en 14. Según sostuvo, el debate actual se enfoca en las consecuencias de la problemática y no en sus causas estructurales.
“Es triste discutir si bajar o no la edad de imputabilidad, porque evidencia que el Estado y la política fallaron”, afirmó De la Sota, quien señaló la falta de presencia estatal en sectores vulnerables donde, según advirtió, el narcotráfico capta a menores.
Advertencia sobre el futuro del sistema
La dirigente del espacio Defendamos Córdoba alertó sobre el posible impacto de políticas centradas exclusivamente en el endurecimiento de penas. En ese sentido, sostuvo que la ausencia de medidas preventivas podría derivar en escenarios más extremos.
“Si seguimos en este camino, sin pensar en llegar antes con políticas sociales, vamos a terminar bajando la edad de imputabilidad hacia los 10 o incluso los 8 años”, expresó. Para la diputada, la reducción a 14 años no constituye una solución de fondo y evidencia una falta de enfoque en estrategias de prevención.
Alcances del proyecto oficialista
La iniciativa promovida por La Libertad Avanza contempla una inversión superior a los 23.700 millones de pesos para su implementación, con el objetivo de impulsar la resocialización de adolescentes mediante capacitaciones y el seguimiento de equipos especializados.
Sin embargo, sectores opositores cuestionan las condiciones actuales del sistema. Señalan que existen apenas un centenar de centros especializados en todo el país y advierten que muchos de ellos presentan características similares a establecimientos penitenciarios, sin cumplir estándares adecuados de alojamiento.
El nuevo régimen también propone modificaciones en el esquema de sanciones. A diferencia de la normativa vigente desde 1980, habilita la prisión efectiva para menores de entre 14 y 16 años en delitos graves, con una pena máxima de hasta 15 años, reducida desde los 20 previstos inicialmente. Para condenas menores a tres años, el proyecto contempla sanciones alternativas como trabajos comunitarios o restricciones de contacto con las víctimas.
Debate y fractura política
Mientras la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se prepara para tratar el proyecto en sesión especial, el debate refleja una profunda división ideológica. El oficialismo defiende la responsabilidad penal temprana como herramienta para combatir el delito, mientras que referentes opositores insisten en priorizar políticas destinadas a reducir la pobreza y la deserción escolar.
En ese marco, las declaraciones de De la Sota reavivaron la discusión sobre el rol del Estado frente a la violencia juvenil y anticipan un debate legislativo marcado por fuertes diferencias sobre el enfoque de la seguridad y la inclusión social en Argentina.
