En medio de la puja producida por gran parte del sector rural de la provincia para sumar el apoyo del gobernador Juan Schiaretti y de los diputados nacionales para intentar trabar la expropiación de la cerealera Vicentin, desde la regional Córdoba de la Sociedad Rural Argentina (SRA) salieron ayer a desmarcarse de esta posición. El encargado de expresar su postura fue Pedro Salas, el presidente de esa entidad.
En la ocasión, el titular de la SRA Córdoba apuntó contra los ruralistas y ciudadanos que se manifestaron el pasado fin de semana para reclamar contra la intervención de la agroexportadora. En esta línea, Salas advirtió que apoyar a Vicentin es salir a aplaudir al que estafó a los productores”.
El referente del sector rural cordobés señaló que hay miles de productores afectados (por el accionar de Vicentin) por lo que pronunciarse a favor de la empresa en este momento no me parece atinado para nada”. Nosotros nos paramos en defensa de los productores y la empresa, a pesar de tener todos los recursos financieros, los fugó”, sostuvo.
Además, al ser consultado acerca del futuro de la cerealera santafesina, el dirigente cordobés afirmó que debe seguir productiva. Consideramos que la empresa tiene que seguir funcionando, que tiene que producir, que tiene que comerciar y que tiene que estar en el circuito de trabajo; hay que encontrarle una salida a esto que mantenga el trabajo”, aseveró.
Por otra parte, el presidente de la Sociedad Rural cordobesa consideró que pensar que en esto hay una intencionalidad del Gobierno de avasallar derechos me parece totalmente desproporcionado, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos y jamás vimos un intento así, de ninguna manera”. Asimismo, rechazó la comparación de nuestro país con Venezuela: Tiene que haber un debate político más elevado, si nos ponemos a ver objetivamente no tenemos nada que ver con ese país que importa alimentos, noto muy fanatizado a quien tiene una manifestación de ese tipo, es una locura, es desproporcionado”.
A continuación, Salas afirmó que la administración de las autoridades de Vicentin fue pésima, por los resultados, dejar a una empresa en estas condiciones en medio de lo que significa el comercio internacional de granos, con los privilegios en el Banco Nación que tuvieron en el gobierno anterior y entregarla, porque ellos mismos fueron a pedir la intervención”. Y agregó: Nosotros no tenemos una legislación específica de salvataje de empresas importantes como sí tienen países desarrollados, entonces el Gobierno toma la figura de la expropiación en un sentido más amplio y es ahí cuando empieza el conflicto”.
Pizzichini: Con Macri no podíamos pasar por el Nación”
El presidente de la Federación Agraria de Córdoba (FAC), Agustín Pizzichini, consideró ayer que el proyecto para expropiar la empresa Vicentin atenta contra la propiedad privada”. Además, el dirigente apuntó contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri al recordar que los productores no podíamos ni pasar por el frente del Banco Nación” para solicitar un crédito, y a Vicentin le dieron el banco entero”. En tanto, el productor agropecuario consideró viable un esquema de participación mixta” entre el sector privado y el público. Por último, Pizzichini admitió que estuvo en el banderazo” del pasado fin de semana junto a productores del cinturón verde”.
La oposición busca modificar la Ley de Expropiaciones
En medio del debate por el futuro de la empresa Vicentin impulsado por el gobierno nacional, el diputado nacional por el bloque de Juntos por el Cambio, el cordobés Hugo Romero, presentó ayer un proyecto tendiente a modificar la Ley de Expropiaciones. La iniciativa del referente de la oposición tiene como objetivo derogar las disposiciones relativas a la ocupación temporánea anormal de bienes”. Según Romero, este punto que está previsto en la normativa, constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”.