El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) tendría previsto dar hoy una respuesta a la propuesta presentada la semana pasada por la gestión de Martín Llaryora en relación a una posible revisión de algunos de los 118 contratos dados de baja, y a la caducidad de más de 300 chapas de inspectores. El gremio también aprovechará para pedirle al Ejecutivo precisiones acerca de la modalidad y fecha de pago del medio aguinaldo a todo el personal, debido a que aún no ha sido oficializada por las autoridades.
Si el sindicato y la Municipalidad logran acercar posiciones, quedaría constituida una mesa de diálogo permanente donde las partes podrían abordar la totalidad de los aspectos que desencadenaron un conflicto que lleva ya varios meses, y cuyo disparador fue la reducción de la jornada laboral. En este marco, se conoció el fin de semana pasado que casi el 55% de los empleados municipales a los que les faltan hasta 10 años para jubilarse se acogieron al régimen de pasividad anticipada voluntaria (PAV), por lo que dejarán de prestar servicios.
En total, fueron 770 agentes de los 1.438 que estaban en condiciones de hacerlo. Dado que todos ellos cobrarán entre el 60% y el 70% de sus sueldos actuales, y que además el régimen supone la eliminación de adicionales, la proyección oficial del ahorro salarial para el municipio llega a los 58 millones de pesos al mes. Unos 750 millones de pesos anuales. La pasividad supone la percepción de un salario reducido hasta el momento de la jubilación, y libera al agente de las obligaciones laborales.
Confirman que 770 municipales se acogieron a la pasividad anticipada y dejan de trabajar
Dados los recortes salariales aplicados en el transcurso de la cuarentena, varios centenares de empleados llegaron a la conclusión de que la pérdida salarial que supone la PAV es muy exigua, puesto que si se quedaban igual cobrarían menos por los ajustes.
Como se recordará, el Intendente tiene como objetivo reducir la cantidad de empleados bajo modalidad del Estatuto del Empleado Municipal, por el elevado costo salarial que supone ese convenio. En cambio, apela a contratos de locación de servicios –monotributistas– para cubrir funciones específicas.