El Colegio de Abogados de Córdoba presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 para solicitar la suspensión de los artículos 20 y 277 de la Ley de Modernización Laboral, conocida como Reforma Laboral.
La acción fue impulsada junto a más de 25 colegios profesionales de distintas provincias, en el marco de una estrategia conjunta que apunta a frenar la aplicación de disposiciones que, según sostienen, afectan el ejercicio de la abogacía.
Desde la institución remarcaron su posicionamiento frente al conflicto: “Defender la abogacía es defender la justicia”, señalaron, al tiempo que ratificaron que continuarán impulsando acciones para proteger los derechos profesionales y el funcionamiento del sistema judicial.
Los puntos cuestionados de la reforma laboral
El planteo judicial se centra en dos aspectos de la normativa:
-
El pago de honorarios profesionales en cuotas
-
La responsabilidad solidaria en materia de costas
Según la presentación, estas medidas podrían impactar en la independencia del ejercicio profesional y en las condiciones de acceso a la justicia.
Antecedentes del reclamo
El Colegio había manifestado su oposición a estos artículos desde el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerar que implicaban un avance sobre garantías fundamentales y una afectación al sistema de acceso a la justicia.
En ese marco, desarrolló una agenda que incluyó reuniones con diputados y senadores, jornadas de debate y pronunciamientos públicos. Tras la sanción de la ley, la entidad profundizó el análisis sobre su posible inconstitucionalidad junto a especialistas, lo que derivó en la presentación de la medida cautelar como parte de una estrategia integral.
Reforma laboral sin perspectiva de género: las brechas que persisten en el trabajo
Acción coordinada a nivel nacional
La medida cautelar forma parte de una estrategia federal conjunta entre colegios de abogados, con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos en cuestión.
El planteo busca resguardar derechos vinculados al ejercicio profesional y al derecho de defensa, en un contexto de cambios en la normativa laboral vigente.
