El Gobierno oficializó subsidios al transporte del Amba y surgieron críticas desde Córdoba

La diputada Carolina Basualdo y la senadora Alejandra Vigo cuestionaron los criterios de distribución de los recursos nacionales y reclamaron una asignación más equitativa de los subsidios al transporte.

Carolina Basualdo.

Carolina Basualdo.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó la Resolución 80/2026, firmada por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, que aprobó una nueva estructura de costos e ingresos para los colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), correspondiente al período de octubre de 2026 a enero de 2027. La disposición también autorizó el pago de $38.840.841.807 a las empresas prestatarias en concepto de diferencial de recaudación acumulado entre junio y septiembre de este año.

Los fondos provienen del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, establecido por la Ley 23.966, y de transferencias del Presupuesto General al fideicomiso estatal. Precisamente, el origen de esos recursos y su distribución entre las distintas jurisdicciones reavivaron el reclamo del interior por las diferencias en las compensaciones al transporte.

En diálogo con este medio, la diputada nacional por Córdoba (Provincias Unidas), Carolina Basualdo, cuestionó que el Gobierno nacional mantenga los beneficios para las empresas del AMBA mientras las provincias deben afrontar buena parte del costo del servicio. «Una vez más, el sistema unitario vuelve a predominar en la Argentina, donde el Gobierno nacional le da la espalda a las provincias», sostuvo. Y agregó: «Bajo el discurso del presidente de ‘No hay plata’, aparecen los fondos para subsidiar y mantener congeladas las tarifas de 104 líneas del AMBA».

Para dimensionar la brecha, la legisladora señaló que compararon las tarifas de recorridos de distancias similares entre la Ciudad de Buenos Aires y localidades del AMBA, por un lado, y entre Córdoba capital y ciudades cercanas, por el otro. Según detalló, viajar desde CABA hasta Tigre cuesta $1.151 por un trayecto de 32 kilómetros, mientras que recorrer 36 kilómetros desde Córdoba hasta Villa Carlos Paz cuesta $6.500. La diferencia también se observa entre CABA y Lomas de Zamora, donde los 17 kilómetros cuestan $1.151, frente a los $3.950 que se pagan por los 18 kilómetros entre Córdoba y Villa Allende. En tanto, viajar desde CABA hasta San Isidro cuesta $1.151 por 25 kilómetros, mientras que el recorrido de 22 kilómetros entre Córdoba y Mendiolaza asciende a $4.130. Según explicó, ante la falta de compensaciones nacionales, son los gobiernos provinciales y municipales los que deben destinar recursos para contener las tarifas y evitar que el costo recaiga por completo sobre los usuarios.

Además, la diputada puso el foco en que el financiamiento de las compensaciones proviene, en parte, de un impuesto que pagan los consumidores de combustibles de todo el país. «Cada cordobés hoy paga con cada litro de nafta el impuesto del combustible destinado a un fondo de infraestructura y transporte con el cual están subsidiando al AMBA, mientras que no quieren o no pueden subsidiar al resto de los argentinos que viven en Córdoba, Santa Fe o Santa Cruz», denunció.

Basualdo también cuestionó un cambio incluido en el proyecto de Presupuesto nacional que busca eliminar el artículo que establece el destino específico de los recursos del impuesto a los combustibles. Según advirtió, la modificación dejaría sin precisar a qué se asignarán esos fondos, que actualmente deben financiar obras de infraestructura y compensaciones al transporte. En ese sentido, sostuvo: “Hoy tiene un superávit fiscal el Gobierno con este fondo porque claramente no lo invierte en infraestructura”.

El reclamo llegará ahora al Congreso, Basualdo anticipó que impulsarán un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los criterios utilizados. «Vamos a hacer un pedido de informes para ver cuáles son los motivos o cuál es el argumento por el cual sí subsidiar 104 líneas del AMBA y no al resto de las provincias y de las ciudades de la Argentina», afirmó.


En la misma línea se expresó la senadora nacional por la provincia de Córdoba Alejandra Vigo, quien cuestionó que los fondos nacionales se destinen a sostener las tarifas del AMBA mientras las provincias y los municipios deben afrontar sus propios sistemas de transporte. Además, recordó que en 2022 presentó el proyecto de Boleto Federal, una iniciativa que propone una distribución equitativa de los subsidios al transporte público de pasajeros. Según señaló, actualmente el boleto urbano en Córdoba cuesta más del doble que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). «El Presidente sólo quiere gobernar para una porción de la Argentina», indicó en una publicación de X.

Salir de la versión móvil