A través del Acuerdo N° 57, el Consejo de la Magistratura de la Provincia difundió el puntaje definitivo tras completar la apertura de los exámenes escritos, instancia que se sumó a la valoración de los antecedentes profesionales y a las entrevistas personales.
El primer lugar del orden de mérito quedó en manos de Guillermo Carlos Arias, quien obtuvo una calificación total de 85,06 puntos. Con más de dos décadas de labor en el ámbito parlamentario cordobés y una amplia experiencia en procedimiento y derecho público, el funcionario se posicionó en el puesto principal para asumir la responsabilidad del juzgado que concentra la competencia electoral en todo el territorio provincial.
La nómina de las seis mejores calificaciones, que superaron el piso de 70 puntos requeridos en el proceso de evaluación, se completa de la siguiente manera:
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Guillermo Carlos Arias (85,06 puntos)
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Diego Luis Frossasco (82,33 puntos)
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María Emilia Mimessi (77,70 puntos)
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María de los Ángeles Nallin (76,48 puntos)
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Carlos Ignacio Viramonte (76,40 puntos)
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Federico Robledo (74,10 puntos)
Los pasos institucionales hacia la designación
El acuerdo emitido por el Consejo de la Magistratura llevó las firmas de su presidenta, María Marta Cáceres de Bollati (vocal del Tribunal Superior de Justicia), junto a los consejeros Julián López (ministro de Justicia y Trabajo), Héctor David (fiscal Adjunto), Facundo Torres Lima (legislador), Laura Battistelli (fiscal de Cámara) y Fernanda Bentancourt (vocal de Cámara de Río Cuarto). También suscribieron el documento los representantes académicos y de la abogacía matriculada José I. Cafferata Nores, Federico Arce y Maximiliano Machuca.
De la fase de entrevistas participaron, además, consejeros suplentes y veedores de la Asociación de Magistrados y de los colegios de abogados de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Bell Ville y Cruz del Eje.
Tras la publicación de la lista, se abrió el plazo para que los participantes presenten eventuales observaciones. Una vez firme la nómina, el Consejo la difundirá formalmente por tres días, convocará a una audiencia pública y elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial. Posteriormente, el Gobierno remitirá el pliego a la Legislatura para que el cuerpo evalúe el acuerdo correspondiente y defina la designación final.