La tensión institucional que se vivió en estos días al Tribunal de Cuentas de la Provincia tuvo un desenlace rápido. Marcos Carasso presentó su renuncia indeclinable a través de una nota formal donde dimitió a su puesto de director de Jurisdicción No Permanente dentro del órgano de control.
La decisión del dirigente radical se precipitó tras los pedidos de apartamiento e informes presentados por el oficialismo en la Legislatura y el fuerte revuelo interno generado en las bancadas opositores, no solo de la UCR, sino también del Frente Cívico (fue compañero de fórmula de Luis Juez en 2023) y otros bloques cercanos. Con este paso al costado, fuentes cercanas a Carasso indicaron que buscará concentrar su estrategia en el terreno judicial, donde afronta una grave acusación en los tribunales federales.
La salida del ex intendente de General Cabrera se efectivizó pocos días después de que las fuerzas de seguridad federales allanaran tanto su vivienda particular como su despacho oficial en la propia sede del Tribunal de Cuentas. Ante la gravedad institucional del hecho, referentes de la oposición buscaron marcar una rápida distancia del caso, evidenciando los primeros síntomas de un fuerte pase de facturas político dentro de la coalición.
El entramado de la causa: desvíos y sobrefacturación millonaria
La investigación judicial, radicada en el Juzgado Federal de Río Cuarto, está en manos del fiscal federal Rodolfo Cabanillas y el juez Carlos Ochoa. Las autoridades imputan a Carasso por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. El centro de la sospecha gira en torno al funcionamiento de Ethical, una empresa de servicios de emergencias médicas con base en el sur cordobés y fuertemente vinculada al exfuncionario.
De acuerdo con el expediente, la firma habría facturado de manera irregular prestaciones médicas inexistentes y sobrefacturado insumos al PAMI por un monto estimado en 1.400 millones de pesos. La fiscalía de Cabanillas avanza sobre la hipótesis de un esquema coordinado para el desvío sistemático de fondos pertenecientes a la obra social de los jubilados.
Pedido de apartamiento
La imputación a Marcos Carasso motivó el planteo de la legisladora oficialista Karina Bruno, quien sostuvo que el funcionario debería dejar transitoriamente sus funciones hasta que la Justicia determine su situación procesal.
La legisladora argumentó que se trata de un integrante de uno de los principales organismos de control de la provincia y que la medida permitiría resguardar el funcionamiento institucional mientras se desarrolla la investigación.
En la misma línea se expresó el legislador oficialista Leonardo Limia, integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Limia señaló a Hoy Día Córdoba que desde el bloque oficialista hicieron dos pedidos de informes, uno al Poder Judicial para conocer detalles sobre la situación judicial de Carasso, y otro al Poder Ejecutivo para clarificar su vinculación en el Tribunal de Cuentas. Además, el legislador de Hacemos Unidos por Córdoba había señalado que esperaba que los distintos sectores de la oposición acompañen la iniciativa en el recinto, situación que ahora no será necesaria.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa de Carasso sostuvo que la imputación no está relacionada con una participación directa en la presunta defraudación económica investigada, sino con una figura vinculada al supuesto tráfico de influencias.
Desde su entorno afirmaron que el ex presidente de la UCR Córdoba no obtuvo beneficios económicos personales y que su intervención se limitó a facilitar contactos entre personas involucradas en distintos trámites.
Mientras tanto, la Justicia Federal continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los distintos imputados en la causa.