El Gobierno de Córdoba remitió a la Legislatura un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal.
La propuesta, que el Gobierno sugiere denominar “Ley Joaquín” en memoria de Joaquín Sperani, establece derechos para las víctimas y obligaciones para el Estado y los operadores judiciales. De acuerdo con el Ejecutivo provincial, la norma pretende establecer reglas claras y operativas para mejorar el acompañamiento a quienes sufren un delito.
El texto señala que, si bien el sistema penal contempla instancias de intervención para las víctimas, “en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización”. Por ese motivo, el proyecto fija lo que el Gobierno define como un “piso de protección común” para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.
El proyecto establece un conjunto de derechos que deberán ser garantizados desde el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia. Entre ellos, se incluyen:
- Trato digno, privacidad y no revictimización.
- Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias.
- Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
- Participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave.
- Asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua.
- Medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación.
- Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Asimismo, el régimen incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido.
Reformas procesales
La iniciativa incluye una serie de modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba que, según el gobierno provincial, buscan garantizar que los derechos reconocidos tengan aplicación efectiva. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
- Reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
- Prevención estricta de la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias.
- Establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
- Participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
- Creación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, donde la víctima deberá ser informada obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género).
Según el Ejecutivo provincial, el proyecto no introduce “privilegios procesales” ni altera el equilibrio del proceso penal, aunque apunta a garantizar respuestas que el Gobierno describe como “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Observatorio y financiamiento
La iniciativa prevé la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura, integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas.
Su función será producir diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo deberá asegurar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o previsiones específicas.