En medio de una gran expectativa por el avance de la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, la oposición logró este miércoles 4 de febrero ganar tiempo luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas el 25 y 26 de marzo como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión a como mínimo principios de abril.
En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya: se fijaron dos jornadas consecutivas para que expositores involucrados en la temática, ya sea con posiciones a favor o en contra, puedan volcar sus opiniones antes de la instancia definitoria.
Las audiencias tendrán carácter abierto y federal y se extenderán de 10 a 19 horas en el Anexo C de la Cámara baja, con flexibilidad para estirar el debate en el caso de que se anote una mayor cantidad de expositores de lo previsto para cumplir con esa expectativa de tiempos.
Como el 25 y 26 de marzo caen miércoles y jueves (después de un fin de semana largo), no quedará tiempo para firmar dictamen en lo que quede de esa semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).
Difícilmente los presidentes de las dos comisiones intervinientes, José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales) hayan accedido al pedido de la oposición sin la previa luz verde del Gobierno.
La pulseada
Si bien la reforma de Glaciares es un objetivo del presidente Javier Milei, quien incluso planea hacer alarde de la media sanción del Senado para seducir a inversores en el marco de la «Argentina Week», evento del que participará la semana próxima en Nueva York, queda en evidencia que no hay un apremio especial para cerrar este capítulo de manera perentoria.
Así las cosas, el Gobierno se reserva la sanción definitiva como carta de negociación con los gobernadores de provincias cordilleranas, que son los que impulsan la reforma con más celo, con la ilusión de que un cambio de reglas para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos catapulte una avalancha de inversiones en sus territorios.
La discusión
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó la realización de una audiencia amplia y participativa “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.
El miembro del interbloque Unidos advirtió que en el debate está «no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”.
Ferraro también insistió en la necesidad que la audiencia se convocase en dos días diferentes con un “claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas”.
El pedido fue luego reforzado por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien reclamó “una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares”.
Ante la contundencia de los argumentos, Mayoraz ofreció desdoblar la audiencia y realizar una primera parte presencial el 25 de marzo y una segunda parte de forma remota al día siguiente para que puedan participar los expositores de aquellas provincias con dificultades para hacerse presentes físicamente en la ciudad de Buenos Aires.
Juan Grabois (Unión por la Patria), por su parte, propuso que se garantice la convocatoria y participación de las comunidades originarias damnificadas directamente por el desarrollo de actividades económicas en áreas periglaciales, que según advirtió no tienen además acceso a Internet.
Resuelta la cuestión del cronograma, se pasó a la discusión del proyecto que en el Senado se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención.
El debate
Al respecto, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá consideró que “es una tarea fundamental de Diputados impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares y que se pongan en peligro las cuencas».
«La Cámara de Diputados lo que debería hacer es no avanzar con este tratamiento porque lo que hizo el Senado fue una catástrofe. Los Glaciares no se tocan”, concluyó la referente del Partido Obrero
Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés hizo hincapié en la importancia de “debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce”. «La ley vigente protege a los glaciares como a los periglaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, recalcó el dirigente peronista porteño.
Recordó que el primero que había pedido la modificación a la Ley de Glaciares fue el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien dijo que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras”.
«Cada glaciar tiene un formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias al azar», mencionó.
Los detalles del proyecto
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
