En el marco de un clima político caldeado tras la reciente presentación judicial impulsada por concejales de la oposición, las autoridades de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno Provincial se reunieron nuevamente en el Palacio 6 de Julio para llevar a cabo una sesión de trabajo de la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública.
Durante el encuentro, los funcionarios municipales fijaron una postura tajante: defendieron la transparencia del esquema de control, ratificaron el avance sistemático de las auditorías sobre la noche cordobesa y recordaron que fue la propia gestión local la que recurrió a la Justicia Penal para investigar eventuales maniobras irregulares o hechos de corrupción.
La mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el viceintendente a cargo del Ejecutivo municipal, Javier Pretto, reunió a representantes de los poderes ejecutivos municipal y provincial, fuerzas de seguridad, cámaras empresariales del espectáculo y la gastronomía, y concejales del bloque oficialista. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una ausencia de peso político: los concejales de las bancadas opositoras del Concejo Deliberante, a pesar de haber sido formalmente invitados a integrarse a las deliberaciones, optaron por no asistir al recinto.
Respuesta institucional e investigación penal previa
Frente a los señalamientos de la oposición, los funcionarios del Palacio 6 de Julio destacaron que la actitud del Municipio ha sido proactiva e inflexible ante cualquier sospecha de irregularidad. Durante la reunión, el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, repasó las acciones legales adoptadas por la propia administración.
Hormaeche detalló que, tras tomar conocimiento de supuestos hechos delictivos difundidos en publicaciones periodísticas, fue él mismo quien el pasado 29 de julio presentó una denuncia penal formal ante el Ministerio Público Fiscal. La acción judicial busca que la Justicia investigue a fondo presuntas maniobras de corrupción o pedidos de dinero vinculados a las áreas de Espectáculos Públicos y Habilitación de Negocios. Además, el funcionario formalizó la solicitud para que el municipio se constituya como querellante particular en la causa en caso de ratificarse la existencia de delitos.
Desde la conducción del Ente recordaron que no se trata de una conducta aislada. En los últimos años, la Municipalidad promovió más de 100 presentaciones ante la Unidad de Delitos Económicos y aplicó severas medidas administrativas contra el personal involucrado en irregularidades, las cuales derivaron en sumarios e incluso en la detención de inspectores municipales acusados de cohecho.
Diálogo abierto y ausencias en la mesa de debate
El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, remarcó la vocación de apertura de la gestión de Daniel Passerini para resolver los problemas estructurales del sector sin especulaciones partidarias.
“Seguimos con un abordaje preciso y absolutamente responsable para llevar claridad y tranquilidad a quienes trabajan comercialmente en la noche y a quienes concurren a estos establecimientos. Continúan las puertas abiertas para integrar esta mesa interdisciplinaria de trabajo a todos los sectores de la política y de la vida privada”, aseveró Fernández ante el plenario de funcionarios, referentes policiales y empresarios.
En esa misma línea, las autoridades lamentaron la inasistencia de los representantes legislativos de la oposición, señalando que el ámbito institucional de la Unidad Ejecutora es la herramienta idónea para auditar los procesos, proponer reformas normativas e interiorizarse sobre el trabajo técnico que se viene ejecutando.
Avances del 50% en las auditorías digitales y nuevos registros
A un mes y medio de su creación mediante un decreto del intendente Passerini a comienzos de julio, la Unidad Ejecutora Mixta reportó avances sustanciales en su meta de auditar la totalidad de los locales nocturnos de la ciudad en un plazo de 90 días.
Hasta la fecha, los equipos técnicos ya completaron la revisión administrativa digital de casi el 50% de las 2.280 habilitaciones registradas para actividades nocturnas en la capital provincial. Dichos controles se canalizan a través del sistema de Habilitaciones Online, una plataforma digital orientada a garantizar la trazabilidad de cada expediente y evitar el margen de discrecionalidad en las inspecciones físicas.
Complementariamente, Hormaeche presentó los avances para la puesta en marcha de dos herramientas clave de fiscalización:
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El Registro Municipal de Productores y Promotores de Espectáculos Públicos.
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El Registro Municipal de Gestores, Profesionales y Técnicos.
Ambas nóminas, confeccionadas de manera coordinada con el sector privado, pretenden individualizar a cada uno de los responsables directos en la tramitación de permisos, autorizaciones y factibilidad de eventos.
Por su parte, el concejal oficialista Nicolás Piloni informó sobre las mesas de trabajo desarrolladas en el Concejo Deliberante junto a referentes de la Cámara de Cuartetos, el Clúster de Espectáculos, la Cámara de Discotecas, la Cámara de Bares y salones de fiestas. El objetivo de estas reuniones es dar forma a un proyecto de ordenanza para reformar el Código de Habilitaciones de la ciudad, agilizando la tramitación comercial pero reforzando de manera estricta los requerimientos técnicos y de seguridad.
Mantenimiento del orden y combate a la nocturnidad ilegal
Finalmente, las autoridades provinciales y municipales remarcaron que el proceso de regularización administrativa va acompañado de operativos territoriales las 24 horas del día. En lo que va del periodo 2024-2026, el Ente de Fiscalización y Control contabiliza 1.422 actuaciones destinadas a la neutralización y desarticulación de fiestas clandestinas en diversos puntos de la capital.
A su vez, mediante procedimientos conjuntos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía de Córdoba, se logró la clausura definitiva de quince establecimientos históricos que funcionaban al margen de la ley. Con este balance, la Unidad Ejecutora ratificó que continuará profundizando el esquema de control en la nocturnidad, combinando la investigación judicial de las irregularidades internas con la severidad en la fiscalización de los locales comerciales.