Una mujer de 38 años presentó una denuncia por abuso sexual contra Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba, por hechos que, según su relato, habrían ocurrido entre sus 3 y 14 años. La presentación judicial fue realizada el pasado 15 de agosto.
La denunciante sostuvo que los episodios habrían ocurrido en el hogar de una familia que tenía su guarda junto con la de su hermano biológico. Ludueña era hijo de esa familia y, según la presentación, su hermano adoptivo.
Ludueña ingresó a la Unicameral en 2011 como asesor del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y en 2015 pasó a la planta permanente luego de rendir un concurso. Hasta que el caso tomó estado público, se desempeñaba en el equipo de la legisladora Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio.
El relato de la denunciante
La mujer contó públicamente su caso luego de confirmar que el acusado trabajaba en la Legislatura. Antes de presentar la denuncia por abuso sexual, aseguró que había intentado comunicar lo ocurrido a distintos referentes políticos locales.
Según relató, cuando tenía 6 años intentó advertir a una vecina sobre la situación. Esto derivó en una intervención judicial, aunque afirmó que no se aplicaron herramientas de protección como la Cámara Gesell.
La denunciante sostuvo que, durante aquella intervención, fue interrogada en presencia de la persona a la que señalaba y que, por temor, negó los hechos. De acuerdo con su testimonio, posteriormente regresó al mismo hogar y los abusos habrían continuado hasta los 14 años.
También señaló que otras dos hermanas biológicas ingresaron posteriormente a la misma familia y que, según su testimonio, ambas habrían sufrido agresiones similares. Una de ellas habría presentado una denuncia ante la Justicia.
Presentaciones y medidas de protección
Tras conocer que Ludueña trabajaba en la Legislatura, la mujer se comunicó con referentes parlamentarios. Entre ellos estuvo la concejal capitalina y exlegisladora Elisa Caffaratti, quien tras ser contactada por la denunciante se presentó ante la Fiscalía interviniente para aportar antecedentes e información respecto al caso.
En el marco de la investigación, la mujer solicitó un botón antipánico y una restricción de acercamiento. Las notificaciones correspondientes a estas medidas fueron emitidas a mediados de agosto.
El acusado, por medio de su abogado defensor, realizó una presentación ante la Justicia en la que manifestó estar a disposición de las autoridades y sostuvo que cuenta con elementos probatorios para acreditar su inocencia.
Orden de aprehensión y detención
La detención de Omar Ludueña se concretó tras una orden emitida por la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno, quien libró una orden de aprehensión por la causa de abuso sexual agravado por el vínculo y con acceso carnal. La medida derivó en que el acusado se presentara de manera voluntaria en la sede del Polo de la Mujer junto a su abogado defensor, Mario Rey, quedando formalmente detenido a disposición del magistrado interviniente.
Reclamo político y cuestionamientos a la UCR
El legislador Leonardo Limia se refirió al caso a través de sus redes sociales y cuestionó el criterio adoptado por la UCR y por De Loredo frente a situaciones similares.
“Sería importante que la Unión Cívica Radical y Rodrigo de Loredo apliquen la misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villareal”, expresó Limia.
En ese sentido, sostuvo que si anteriormente se había considerado que existía una responsabilidad moral de un legislador, el mismo criterio debería aplicarse ahora para analizar la eventual responsabilidad moral de la legisladora Alejandra Ferrero.
“La coherencia también se demuestra cuando las circunstancias cambian, pero los principios se mantienen”, agregó el dirigente.
En el bloque de la UCR, la reacción de los legisladores oficialistas generó malestar y dio lugar a diversas conversaciones internas. Desde el radicalismo intentaron remarcar que no existe punto de comparación entre los asesores apartados del ex legislador Ramón Flores —uno de ellos investigado en una causa vinculada a delitos en Villa de María del Río Seco— y la situación de Omar Ludueña, al tratarse de un agente de planta permanente de la Legislatura.
El presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, salió al cruce de los cuestionamientos y defendió el accionar partidario. “No somos iguales. No hay nada que comparar. Ante una denuncia dolorosa, Ferrero y Caffaratti hicieron exactamente lo que debe hacer cualquier funcionario público: denunciaron, contactaron a la víctima, se pusieron a disposición de la Justicia, hicieron visible la situación y reclamaron medidas ante la Legislatura”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Por eso, intentar comparar su accionar con el vergonzoso caso de ‘Cañito’ Flores es una maniobra miserable destinada exclusivamente a ensuciar a dos funcionarias que cumplieron con su deber”.
En sintonía, referentes del espacio salieron a marcar diferencias estructurales respecto a los casos. Por un lado, la concejala Elisa Caffaratti, con quien Ludueña mantuvo vínculos en su labor de militancia en la seccional Cuarta, subrayó la inmediatez de la respuesta institucional: “A las dos horas de tomar conocimiento, fuimos a la Justicia. Pedimos el apartamiento. No ocultamos, no dilatamos ni miramos para otro lado. ¿Ustedes qué hicieron cuando les tocó actuar? Licencias”, respondió duramente la jefa del bloque radical en el cuerpo municipal.
