El juicio oral por la causa Hotesur y Los Sauces, en el que están acusados Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, comenzaría antes de fin de año, según anticiparon fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, trabaja en la organización del proceso y prevé anunciar próximamente la fecha de inicio de las audiencias. El expediente tiene 17 imputados y constituye uno de los procesos de mayor relevancia política y judicial que deberá afrontar la expresidenta.
Uno de los principales objetivos del tribunal es reducir la cantidad de testigos. Inicialmente se habían propuesto más de 300 declaraciones, pero las partes acordaron trabajar sobre una reducción de entre un 30% y un 40% para evitar que el debate se extienda innecesariamente.
Una vez que las defensas y la fiscalía presenten las nóminas definitivas, se incorporarán al expediente las declaraciones que esos testigos ya realizaron durante la etapa de instrucción, evitando que deban repetirlas durante el juicio.
El tribunal también aguarda la conclusión del peritaje contable sobre las transferencias de dinero realizadas desde empresas vinculadas a Cristóbal López y Lázaro Báez hacia compañías de la familia Kirchner. Con esos elementos y la definición de los testigos, quedaría allanado el camino para establecer la fecha de comienzo del debate.
La acusación contra Cristina y Máximo Kirchner
Según la acusación elevada a juicio, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están imputados por lavado de dinero y asociación ilícita. La hipótesis sostiene que el dinero proveniente de hechos de corrupción habría sido canalizado hacia empresas de la familia mediante negocios hoteleros e inmobiliarios.
En el caso de Lázaro Báez, el supuesto delito precedente del lavado estaría relacionado con las irregularidades en la obra pública que fueron acreditadas en la causa Vialidad. En cuanto a Cristóbal López, la investigación apunta a los beneficios impositivos que recibió su empresa Oil Combustibles, aunque el empresario fue finalmente absuelto en esa causa.
El expediente sostiene que parte de los fondos obtenidos por Báez mediante contratos de obra pública en Santa Cruz habría terminado en el patrimonio de la familia Kirchner a través del alquiler de hoteles vinculados a la expresidenta.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Alberto Beraldi, planteó recientemente que debería modificarse la acusación debido a que la expresidenta fue absuelta del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.
Según la defensa, al haber quedado firme esa absolución, Cristina Kirchner no podría volver a ser juzgada por el mismo delito. La fiscalía, sin embargo, considera que por el momento no resulta necesario modificar los términos de la acusación y que la cuestión podría ser evaluada durante el desarrollo del proceso.
Un juicio presencial y con tres audiencias semanales
En una audiencia de organización realizada el 4 de septiembre, el TOF 5 resolvió que el juicio se desarrollará de manera presencial y tres veces por semana en los tribunales federales de Comodoro Py.
El presidente del tribunal, José Michilini, dejó en claro que el principio general será la presencialidad. Los imputados podrán ser representados por sus abogados durante determinadas audiencias vinculadas con la producción de prueba, pero deberán concurrir personalmente cuando se requiera su presencia, como en las declaraciones indagatorias.
Por ese motivo, Cristina Kirchner deberá trasladarse a Comodoro Py cuando sea convocada a declarar en las instancias que requieran su presencia.
El tribunal incluso dejó abierta la posibilidad de realizar audiencias durante los fines de semana si alguna jornada prevista durante la semana debiera suspenderse por cuestiones de agenda.
Para los imputados que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces contemplaron la posibilidad de que puedan seguir de manera virtual aquellas audiencias en las que su presencia física no sea indispensable.
La integración del tribunal, otro punto de discusión
La composición definitiva del tribunal también genera interrogantes. Michilini y Palliotti son jueces titulares, mientras que Machado Pelloni ocupa actualmente una vocalía en carácter de subrogante.
El concurso para designar al juez titular ya avanzó y el Consejo de la Magistratura envió una terna al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, todavía no remitió un nombre al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
La duda está centrada en qué ocurriría si el nuevo magistrado es designado y confirmado una vez iniciado el juicio. Una interpretación sostiene que Machado Pelloni debería continuar hasta finalizar el proceso, debido a que el tribunal ya habría quedado constituido al comenzar las audiencias.
La eventual modificación de la integración podría generar planteos e impugnaciones de las defensas.
Cinco años después de la elevación a juicio
La causa Hotesur-Los Sauces fue elevada a juicio oral hace aproximadamente cinco años. En una primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5, con una integración diferente, había sobreseído a todos los acusados sin realizar el debate oral.
La decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que además excluyó del proceso a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta. La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas y reclamó celeridad para que finalmente se realizara el juicio.
Además de Cristina y Máximo Kirchner, entre los acusados figuran Lázaro Báez, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, Víctor Manzanares, Martín Báez, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros empresarios, profesionales, contadores y directivos vinculados a las sociedades investigadas.
El fiscal Diego Velasco mantiene su pedido para que se establezca cuanto antes la fecha de inicio. Las partes también acordaron que, para agilizar el proceso, se realice una lectura abreviada del requerimiento de elevación a juicio.
De esta manera, el tribunal avanza hacia un proceso que podría comenzar antes de que termine 2026 y que volverá a colocar a Cristina Kirchner frente a un tribunal oral federal, esta vez para responder por una investigación centrada en el presunto circuito de fondos entre empresarios contratistas del Estado y negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a su familia.
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