El gobernador Martín Llaryora presentó este martes el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, refugio de delincuentes o actividades ilícitas, así como edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.
La propuesta será tratada este miércoles por la Legislatura de Córdoba y, según sostuvo el mandatario, constituye «un instrumento central para seguir mejorando la seguridad de los cordobeses» y reforzar la lucha contra el narcotráfico.
La presentación se realizó en la Sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el legislador Facundo Torres.
Intervención rápida sobre inmuebles vinculados al delito
El proyecto establece un régimen administrativo y judicial específico para actuar de manera temprana sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y otros inmuebles utilizados como infraestructura para organizaciones criminales.
Entre las medidas previstas se incluyen inspecciones, informes técnicos y resoluciones que permitirán aplicar clausuras preventivas, tapiados, bloqueos de accesos, cerramientos, custodia y aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias del Poder Judicial y las garantías del debido proceso.
Cuando las investigaciones estén relacionadas con el narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la encargada de ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus propietarios legítimos.
Llaryora aseguró que el objetivo no es solo detener a quienes delinquen, sino también eliminar los espacios físicos que facilitan esas actividades. «La tranquilidad en un barrio llega cuando desaparecen esos lugares que funcionan como centros del delito», afirmó.
Registro de bienes y trabajo coordinado
La iniciativa contempla además la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos destinados a coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
Según explicó Julián López, el proyecto surgió a partir del trabajo conjunto con fiscales y fuerzas de seguridad que detectaron inmuebles abandonados o deteriorados utilizados de manera recurrente para cometer delitos.
Por su parte, Quinteros remarcó que la propuesta representa una decisión política para fortalecer la política criminal y sostuvo que el combate al narcotráfico requiere una acción coordinada entre los tres poderes del Estado.
Destino de los bienes decomisados
Otro de los puntos destacados del proyecto regula la administración de los bienes decomisados en causas de narcotráfico.
La propuesta establece que el 60% de los recursos obtenidos será destinado a fortalecer el equipamiento, la tecnología y la capacidad operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y tratamiento de adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Asimismo, el texto invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales.
Durante la presentación, Llaryora también repasó otras medidas implementadas por su gestión en materia de seguridad, entre ellas la creación de fiscalías antinarcotráfico en el interior, la incorporación de nuevas tecnologías, el programa Cordobeses en Alerta, el uso de armas de baja letalidad y la aplicación de narcotest a funcionarios públicos.
El gobernador sostuvo que todas estas acciones forman parte de una estrategia integral y aseguró que el nuevo proyecto de ley permitirá profundizar la prevención del delito y recuperar espacios para los vecinos de toda la provincia.
Llaryora apuntó contra «delincuentes» por los incidentes en los festejos de Córdoba