El senador nacional Luis Juez, acompañado por los concejales Graciela Villata, Martín Juez y José María Romero, se presentó en Tribunales 2 para interponer una denuncia penal contra el intendente Daniel Passerini y funcionarios del área de transporte de la Municipalidad de Córdoba. La acusación principal es por “Defraudación a la Administración Pública Municipal” debido a presuntos sobreprecios millonarios en el alquiler de colectivos.
Según explicó Juez tras formular la presentación, la investigación se centra en contratos celebrados en el año 2024 para el alquiler de 350 unidades de transporte. El senador afirmó contar con pruebas, incluyendo el contrato firmado por el intendente, que demuestran un sobreprecio que ronda los 7.000 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares).
De acuerdo con la denuncia, mientras el valor de mercado para el alquiler de cada unidad no superaba los 800.000 pesos mensuales, la Municipalidad habría pagado 2,5 millones de pesos.
Uno de los puntos más críticos de la presentación judicial señala que, de las 350 unidades alquiladas, 150 se encontraban «absolutamente obsoletas» y no estaban en condiciones de circular. «Pagaron 2 millones y medio de pesos por unidades que no podían dar ni 100 metros», sentenció Juez, quien aseguró haber acompañado la denuncia con el detalle de dominio y kilómetros recorridos de cada vehículo para acreditar su estado.
El senador vinculó directamente esta supuesta maniobra con la crisis que atraviesa el transporte urbano en la ciudad. «No hay parada de colectivo donde la gente no esté con la angustia del transporte», señaló, rechazando las explicaciones oficiales que atribuyen los problemas a la quita de subsidios nacionales o al costo del combustible. «No hay transporte porque se robaron una plata», afirmó de manera tajante.
La denuncia no solo alcanza al intendente Passerini, sino también a los responsables de la empresa municipal de transporte (TAMSE) que suscribieron los contratos. Los concejales que acompañaron la presentación solicitaron constituirse como querellantes particulares para representar el interés municipal en la causa una vez que el fiscal promueva la acción penal.
Juez recordó que hace tres años presentaron una denuncia similar por desvío de subsidios que, según sus palabras, «el fiscal anticorrupción tiene pisado», por lo que en esta oportunidad exigió celeridad en la investigación para determinar el destino final del sobreprecio pagado.