La situación judicial que involucra a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sumó un nuevo capítulo. El abogado Claudio Orosz presentó una denuncia para que se investigue un presunto hecho irregular atribuido a la actual presidenta del tribunal, Graciela Montesi, relacionado con la integración de la Sala que intervino en la causa conocida como “Molina Herrera y otros”.
La presentación sostiene que el episodio tendría características similares a las maniobras que ya son objeto de investigación en otra causa contra autoridades de la Cámara y plantea que podría haberse producido un nuevo caso de “forum shopping”, es decir, una manipulación destinada a determinar qué magistrado termina interviniendo en un expediente.
El planteo adquiere especial relevancia porque, según la denuncia, la modificación de la integración habría permitido la participación del camarista Abel Sánchez Torres, quien terminó compartiendo el criterio de Montesi en una causa de fuerte sensibilidad política y sindical vinculada con dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
Qué denuncia Orosz
La presentación fue realizada en representación de Celina Laje Anaya, víctima y querellante particular en la causa FCB 28.678/2025, y solicita que el nuevo episodio sea investigado “por cuerda separada”, para evitar que interfiera con el avance de la investigación principal.
El escrito reconstruye la trayectoria del expediente “Molina Herrera”, cuyo ingreso a la Cámara Federal de Córdoba se produjo el 17 de febrero de 2023 y que inicialmente quedó radicado en la Sala A. En ese momento, la integración estaba conformada por Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos.
La situación cambió luego de la renuncia de Vélez Funes. Para cubrir esa vacante regía el Acuerdo 316/2023, establecido por la propia Cámara para regular las subrogancias frente a las vacantes existentes en las salas A y B.
De acuerdo con la denuncia, el reglamento determinaba qué camarista debía intervenir como tercer voto según el mes en que se hubiera emitido el segundo voto. En el expediente “Molina Herrera”, Montesi emitió su voto el 7 de noviembre de 2023. Por esa razón, la presentación sostiene que la integración debía completarse con la camarista Liliana Navarro, y no con Sánchez Torres.
El punto central: noviembre o diciembre
El núcleo de la denuncia está precisamente en la fecha del voto de Montesi.
Según el documento presentado, el primer voto había sido emitido por Eduardo Avalos el 11 de septiembre de 2023, mientras que Montesi produjo el suyo el 7 de noviembre. Como ambos votos tenían sentidos diferentes, Avalos no proponía mantener el procesamiento y Montesi sí, el expediente debía continuar su recorrido conforme al mecanismo de integración previsto por el Acuerdo 316/2023.
Sin embargo, el expediente en soporte papel habría permanecido fuera de la Secretaría Penal hasta diciembre. La denuncia afirma que el 4 de diciembre de 2023 fue devuelto materialmente a través de Francisco Juárez, secretario de la vocalía de Montesi, y que al día siguiente se canceló informáticamente el pase anterior a la vocalía de Avalos.
Para Orosz, esa secuencia no constituiría una simple recirculación administrativa. El planteo sostiene que la modificación de los registros habría permitido presentar el voto de Montesi como si hubiera sido emitido en diciembre, cuando el certificado de la Actuaria y la hoja de pases indicarían que había sido producido el 7 de noviembre.
La diferencia no sería menor: según la denuncia, cambiar la fecha permitía modificar quién debía intervenir como tercer camarista.
La presunta incorporación de Sánchez Torres
El escrito afirma que, una vez producida esa alteración, Montesi dictó en diciembre un decreto mediante el cual dispuso integrar la Sala con Abel Sánchez Torres, desplazando de esa función a Liliana Navarro.
La acusación sostiene que esa decisión habría sido adoptada deliberadamente para conseguir una determinada composición del tribunal y que Montesi y Sánchez Torres habrían actuado de común acuerdo.
La relevancia del planteo está en el resultado posterior: Sánchez Torres finalmente emitió su voto el 7 de mayo de 2024, coincidiendo con Montesi en el sentido y alcance de su decisión. Días después, el 17 de mayo, la Cámara resolvió por mayoría confirmar el procesamiento de Andrés Adolfo Chianalino por el delito de malversación de caudales públicos, mientras Avalos quedó en minoría.
Por eso, la denuncia interpreta que la modificación de la integración no habría sido inocua, sino que habría tenido como finalidad concreta garantizar una mayoría determinada en el expediente.
La disputa por los registros informáticos
Otro de los aspectos que deberán ser esclarecidos es la diferencia entre la documentación física del expediente y los movimientos registrados en el sistema informático.
Según la presentación, la cancelación de determinados pases habría generado una secuencia digital que aparentaba que el voto de Montesi había sido entregado en diciembre. Sin embargo, el certificado emitido por la funcionaria judicial Celina Laje Anaya dejaría constancia de que el voto había sido producido el 7 de noviembre.
La denuncia plantea así una posible contradicción entre la “realidad informática” y lo que habría ocurrido efectivamente con el expediente en papel. Para Orosz, esa diferencia debe ser investigada para determinar si se trató de un error administrativo o de una alteración deliberada de los registros.
El escrito sostiene que, de comprobarse que se introdujeron eventos falsos en el sistema para encubrir la secuencia real, la maniobra podría exceder una irregularidad administrativa y adquirir relevancia penal.
El trasfondo: la disputa con Luz y Fuerza
La causa “Molina Herrera” adquiere además una dimensión política y sindical por su relación con dirigentes de Luz y Fuerza Córdoba.
La denuncia recuerda el conflicto que enfrentó al Gobierno provincial con los trabajadores de EPEC alrededor de la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo. Mientras los sindicatos regionales de Río Cuarto y Villa María habían aceptado las modificaciones, el sindicato de Córdoba mantuvo su rechazo y llevó adelante asambleas y medidas de fuerza.
En ese contexto, el escrito sostiene que las decisiones judiciales vinculadas con las causas contra dirigentes sindicales tenían una particular importancia, dado que podían incidir en el conflicto entre el Gobierno provincial y el gremio.
Ese marco es utilizado para explicar por qué la eventual manipulación de la integración de una Sala no sería un episodio meramente formal: la composición del tribunal podía resultar determinante para el resultado de expedientes de alta sensibilidad política.
Un nuevo capítulo después de las imputaciones de abril
La nueva denuncia se suma a una investigación que ya había generado un fuerte impacto dentro de la Justicia Federal cordobesa.
En abril de 2026, el Ministerio Público Fiscal imputó a Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Mario Olmedo y Gustavo Flores por presuntos hechos vinculados con abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. La investigación se originó en una denuncia de Celina Laje Anaya y permanece bajo secreto de sumario.
Los fiscales investigan, entre otros aspectos, si se produjeron maniobras para alterar la integración de las salas de la Cámara Federal y favorecer determinadas intervenciones judiciales. La causa también incluye acusaciones vinculadas con presunto hostigamiento laboral contra la denunciante.
La existencia de antecedentes administrativos también muestra que las acusaciones contra Montesi y Sánchez Torres no se circunscriben a un único episodio. Documentación del Poder Judicial de la Nación registra expedientes disciplinarios que involucran a ambos camaristas.
Qué deberá determinar ahora la Justicia
La presentación de Orosz no implica por sí misma que los hechos denunciados hayan sido comprobados. Lo que plantea es la existencia de elementos que, a criterio de la querella, justifican abrir una investigación específica para determinar qué ocurrió con el expediente “Molina Herrera”, quién intervino en sus movimientos y por qué se modificaron determinados registros.
Entre los elementos mencionados aparecen la hoja de pases del expediente, certificados emitidos en soporte papel, registros informáticos y material de audio, este último ofrecido para ser incorporado cuando sea requerido por el Ministerio Público Fiscal.
El punto decisivo será establecer si la diferencia entre las fechas y los registros respondió a una práctica administrativa legítima, a una recirculación ordinaria de expedientes o, como sostiene la denuncia, a una maniobra deliberada para alterar la integración del tribunal.
Si esta última hipótesis llegara a comprobarse, el caso adquiriría una gravedad institucional considerable: implicaría que la composición de un tribunal federal habría sido direccionada para garantizar la intervención de un determinado magistrado en una causa sensible.
Por ahora, se trata de una denuncia que deberá ser investigada y probada. Pero el nuevo planteo vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba y, especialmente, los mecanismos mediante los cuales se determina qué jueces intervienen en causas de alto impacto político, económico y sindical.
Imputan a la cúpula de la Cámara Federal de Córdoba por presuntas maniobras ilegales