El mapa social y económico de más de la mitad del territorio cordobés ingresó en un escenario de fuerte incertidumbre. De aprobarse en el Congreso de la Nación el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el esquema de subsidios al gas natural, un total de 13 departamentos de la provincia perderían los beneficios del régimen de «Zona Fría», un derecho territorial alcanzado tras años de reclamos regionales.
Ante este panorama, el gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes una reunión en el Centro Cívico junto a ministros, intendentes y jefes comunales de diversas fuerzas políticas para unificar un rechazo institucional a la iniciativa. Durante el encuentro, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta que alerta sobre el impacto real que la medida tendría en las economías domésticas del interior cordobés.
Tarifas duplicadas y desprotección social
Los datos técnicos presentados durante la jornada exponen la magnitud del impacto geográfico y social. Actualmente, el 87% de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba cuenta con el beneficio de Zona Fría, lo que representa a más de 2,2 millones de habitantes. En términos de hogares, son unas 688 mil familias las que reciben alivio fiscal: 280 mil de ellas acceden a un descuento del 30% en la tarifa, mientras que otras 408 mil —bajo condiciones de vulnerabilidad socioeconómica— cuentan con una bonificación del 50%.
La quita del beneficio de un «plumazo», como advirtieron los equipos técnicos provinciales, se traduciría de manera automática en incrementos de entre el 42% y el 100% en las boletas de gas de las zonas afectadas. La resolución conjunta señala que la eliminación del criterio de baja temperatura profundizaría las desigualdades regionales y empujaría a miles de usuarios a la «pobreza energética», golpeando especialmente a jubilados y familias trabajadoras durante los meses de mayor consumo invernal, donde en localidades del sur o de las Altas Cumbres se registran marcas de hasta 6 grados bajo cero.
Bloque regional en el Congreso
Frente a la gravedad técnica del informe, intendentes de Hacemos Unidos por Córdoba, el Foro de Intendentes Radicales, el PRO, el vecinalismo e incluso representantes de La Libertad Avanza firmaron el documento pidiendo una instancia de debate federal e instando a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a bloquear la reforma en su redacción actual.
Por su parte, el gobernador Llaryora respaldó la cohesión de los intendentes más allá de las fronteras partidarias y solicitó formalmente a los legisladores nacionales que actúen en defensa de los intereses de la provincia, señalando que el progreso no es viable si se desatiende el costo de vida de los ciudadanos y la competitividad productiva del interior.