Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez. Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.
Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una «asociación ilícita» articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015. Está previsto que el veredicto se conozca en horas de la tarde, aproximadamente hacia las 18 de este martes.
Estos son todos los pedidos de pena de la acusación:
- Cristina Kirchner: 12 años por defraudación contra la administración pública y jefa de la asociación ilícita.
- Lázaro Báez: 12 años como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario de defraudación.
- Julio De Vido (ex ministro de Planificación): 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario en la defraudación.
- José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas): 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario en la defraudación.
- Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional: 10 años de prisión.
- Mauricio Collareda (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 6 años.
- Juan Carlos Villafañe (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 6 años.
- Raúl Daruich (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 5 años.
- Raúl Pavesi (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 5 años.
- Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): 4 años de prisión.
- Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 4 años.
- Héctor Garro (ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 3 años de prisión en suspenso.
- Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): solo 2 años por administración fraudulenta.