El oficialismo logró acordar con los bloques aliados en la Cámara de Diputados este miércoles la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros contenidas en la Ley 26.737 para blindar el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que este jueves la oposición intentará voltear en la cámara baja.
La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras que precisamente había sido derogada por el mega decreto presidencial.
El plenario en Diputados
El acuerdo se logró en el plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo logró dictaminar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre.
El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites para extranjeros –como promovía el Gobierno- pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
Ocurre que el mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.
“Los límites a la venta de tierra podrían haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente libertario.
Los cambios introducidos
En el inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen de la Ley de Inviolabilidad dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70/23 (que derogaba la Ley de Tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.
La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora hace exactamente lo contrario: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firmen un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque él le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”, ironizó.
El proyecto de Inviolabilidad
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda).
En caso de ser aprobado con esta modificación de Diputados, que repone la vigencia de la Ley de Tierras, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
La Ley de Tierras, aprobada en 2011, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
