La oposición logró avanzar ayer en su primera iniciativa conjunta contra el gobierno nacional, al dictar varios dictámenes favorables a proyectos que declaran la emergencia presupuestaria de la educación superior y que establecen parámetros para la actualización automática de las partidas para las universidades públicas nacionales de todo el país, justo en el día del paro nacional de todo el sistema educativo contra el ajuste del gobierno nacional.
Se trató de una movida transversal que abarcó a distintas las bancadas de la oposición, en medio del convulsionado tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. El próximo capítulo de esta disputa se verá en el recinto el martes 4 de junio, cuando tanto Unión por la Patria (UxP) como Hacemos Coalición Federal (HCF) convocaron a sesionar para tratar los proyectos que garantizan el financiamiento educativo, en conjunto con el debate de los dictámenes sobre la movilidad previsional.
Tanto el dictamen de mayoría, impulsado por UxP, como el que elaboraron, en conjunto, los bloques de la UCR, HCF e Innovación Federal, tienen un denominador común: ambos proponen actualizar al 1 de enero de 2024 los gastos de funcionamiento de las universidades y de sus hospitales. Es decir, proponen una recomposición retroactiva por el congelamiento presupuestario actual. Además, ambos proponen que este año se actualicen de manera bimestral las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios con el índice de inflación, aunque el de UxP incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal al Gobierno, como la ampliación de los beneficiarios de las becas Progresar.
Vale recordar que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier norma opositora que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, una resolución que el Ejecutivo prometió sacar el lunes próximo para otorgar un aumento para el presupuesto de todas las universidades públicas, no solo a la UBA, podría hacer caer la movida. El Gobierno prometió un incremento de entre un 270% y 300% de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, que significa apenas el 10% del presupuesto universitario, ya que no incluye los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, que tienen un retraso de más del 40%.
Aún así, la oferta podría torcer al radicalismo: “Si el lunes firman el acuerdo el Gobierno y las universidades, pierde sentido sancionar la ley”, anticiparon desde un sector del bloque radical de la Cámara Baja. Claro que, si se lograra ese acuerdo no sólo quedaría sin resolver el problema salarial de los docentes, sino que sería un parche para este año y obligaría a empezar de cero la discusión cuando se trate a partir de septiembre el Presupuesto 2025, de manera que no resolvería la cuestión de fondo, que es la actualización automática de las partidas para el área.
En este contexto, los docentes realizaron ayer un paro nacional en todos los niveles educativos por el impacto del recorte de partidas presupuestarias ejecutado por Milei, a la vez que reclamaron un aumento que alinee los salarios con la suba inflacionaria registrada en lo que va del año.
Duro reclamo del Gobierno
El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a reclamar ayer por el retraso en el tratamiento de la Leu Bases y el paquete fiscal en el Senado, al afirmar que “es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente” Javier Milei.
“Estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado. Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen”, sostuvo respecto al futuro del nuevo proyecto que envió el Poder Ejecutivo para desregular la economía.
“Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente Milei. No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades”, completó el ministro.