A cuentagotas, comienzan a conocerse detalles del acuerdo por la refinanciación de la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que negocia el gobierno nacional, que estaría a punto de cerrarse en las próximas horas. Uno de los puntos incluye la modificación de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que ostentan algunos empleos, como los magistrados y funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público de la Nación.
Así lo admitió el propio presidente Alberto Fernández, quien negó que el Gobierno vaya a impulsar una nueva reforma jubilatoria pero admitió que sí analiza la posibilidad de modificar los “regímenes especiales”.
Los cambios en estudio “no incluyen el régimen previsional docente sino al régimen en el que están los embajadores y jueces”, aclaró Fernández en un programa radial.
“La diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. De lo que se está hablando es un régimen especial de privilegio donde básicamente están embajadores y jueces”, añadió el mandatario, quien enfatizó que el acuerdo con el Fondo “no va a detener el crecimiento del país” ni tampoco frenará “el incremento de las jubilaciones” o el “aumento del presupuesto real destinado a la obra pública”.
A su vez, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó que “en ninguna parte del acuerdo se está comprometiendo a hacer reformas previsionales”, aunque adelantó que “se va estudiar cómo mejorar el sistema en cuanto a la equidad y las mejoras en los haberes”. “Se van a realizar estudios de cómo lograr una mayor equidad en el sistema previsional y de cómo lograr incentivar al trabajador a continuar con la etapa activa”, explicó.
A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó también que realizarán un estudio focalizado en los regímenes especiales. “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Siempre vamos a cuidar el salario de nuestros jubilados y jubiladas”, subrayó Guzmán, quien resaltó que “se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020”; pero admitió que “se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546”, que alcanza a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.
En ese estudio se “analizarán opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, completó el funcionario.
Preparan la presentación en el Congreso
El presidente Alberto Fernández se reunió ayer durante dos horas con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para analizar el estado del acuerdo con el FMI y su presentación en el Congreso, algo que se espera ocurra en los próximos días.
Según los trascendidos, el Ejecutivo espera poder enviarlo a la Cámara Baja el próximo viernes, si es posible antes, para que sea tratado en el recinto entre el 10 y el 15 de marzo.
Las versiones sobre las negociaciones y el contenido del acuerdo no dejan de multiplicarse. El periodista Alejandro Bercovich, por ejemplo, filtró supuestos párrafos del acuerdo que indican, en lo que refiere a recaudación, que si se supera lo previsto no podrá destinarse a atender la emergencia social de Argentina: “Nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde”, dice el texto del pacto según Bercovich.
En materia laboral, el acuerdo destaca que “la doble indemnización por despido sin causa justificada, que ya se está reduciendo en forma paulatina, quedará sin efecto completamente a finales de junio de 2022”, agregó el periodista.