La conflictividad social desatada en Jujuy se expandió ayer a casi todo el territorio provincial y hoy se sentirá a nivel nacional luego del día de furia vivido el martes, que terminó con más de 170 heridos -uno de ellos de gravedad tras haber sufrido un traumatismo de cráneo- y al menos 68 detenidos en el marco de la represión policial.
Si bien ayer no se vivieron las escenas de violencia que el martes se viralizaron a través de las redes sociales, los ánimos en la provincia siguen caldeados. El conflicto escaló al máximo a nivel institucional, con el gobernador Gerardo Morales responsabilizando al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los incidentes, mientras ellos cuestionan la represión policial e incluso la reforma constitucional impulsada por el mandatario radical, que ayer quedó oficializada con su publicación en el Boletín Oficial local.
Pero más allá de la disputa política, lo cierto es que las protestas se extendieron ayer a todo el territorio provincial e incluso alcanzaron a otros distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Si bien hay una decena de piquetes que dirigentes, pueblos originarios y sindicatos sostienen por séptimo día consecutivo en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución local; los cortes se extendieron ayer a distintas rutas provinciales, prácticamente duplicando las protestas: según del Ministerio de Seguridad provincial, los bloqueos superaban la veintena y alcanzaban a las rutas nacionales 34, 66, 9, 52 y 40 en varios tramos, además de las rutas provinciales 6, 61, 53 y 9, casi al borde de la frontera con Bolivia.
A estos bloqueos se sumó una masiva movilización en la capital convocada, con un paro general incluido, en respaldo a la lucha docente y en repudio a la represión de las manifestaciones. A última hora, de hecho, se realizó una “Marcha de Antorchas por la Libertad de los Detenidos” convocada por los gremios, organizaciones de derechos humanos y sociales y comunidades indígenas que reunió a miles de ciudadanos. “La protesta encabezada por la Intergremial se realiza en el marco de los reclamos por salarios dignos y contra la reforma constitucional aprobada”, señalaron las organizaciones, que exigieron que “anulen la reforma constitucional, cese de la represión en las calles y que liberen a todos los detenidos”.
Al cierre de esta edición no se habían reportado enfrentamientos, aunque persistían 54 detenidos, luego de que el juez jujeño Jorge Zurueta ordenara a la policía provincial que “se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza” contra los manifestantes y recomendara la “realización de una instancia de mediación” que aún no se había concretado. La abogada defensora de los detenidos, Mariana Vargas, alertó empero que “hay personas que no se saben dónde están” y denunció “irregularidades” por parte de las fuerzas de seguridad. “Tenemos una lista de 42 detenidos en Alto Comedero, pero habría más. Estamos viendo dónde y cómo están. La situación es muy grave porque todo es absolutamente irregular”, advirtió Vargas.
Lo cierto es que las protestas se extendieron fuera de los límites provinciales ya que distintas centrales sindicales como la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Camioneros, Ademys y UTE iniciaron ayer un paro por 48 horas en repudio a la represión de las protestas en Jujuy, que incluyó una concentración en el Obelisco y una multitudinaria marcha hasta la sede de esa provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Las protestas se replicaron en distintas ciudades como Rosario y Córdoba (ver en página 7), mientras que hoy habrá un paro convocado por ATE y ambas CTA que tiene alcance nacional. La CGT, a su vez, se declaró en estado de “alerta y movilización” pero evitó llamar a un paro nacional.
Morales volvió a culpar a Fernández y CFK de la violencia
El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a apuntar ayer contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quienes acusó de “financiar” a los manifestantes que protestaron el martes en la provincia contra la reforma de la Constitución de su distrito y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales.
“Aquí hay una intervención del gobierno nacional, de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner), sus ministros y legisladores nacionales, que están financiando” a los manifestantes en la provincia de Jujuy, señaló Morales en declaraciones radiales.
Asimismo, el mandatario provincial expresó que en Jujuy “llegó gente extraña desde hace un mes a agitar, a movilizar”. Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Morales reiteró que “la sucesión de hechos de violencia que se están produciendo en Jujuy son responsabilidad del Gobierno nacional”. Además, el mandatario anunció el envío de una nota a funcionarios de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
La Nación va por la inconstitucionalidad de la reforma jujeña
El presidente Alberto Fernández anunció ayer que reclamará la inconstitucionalidad de la reforma de la carta magna provincial que impulsó el gobernador Gerardo Morales en Jujuy.
A través de un breve mensaje, el mandatario se pronunció sobre los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en los últimos días.
Tras citar los pronunciamientos de organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional o Human Right Watch, Fernández reclamó que la provincia “no sea un banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”.
“Insto de forma inmediata al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos”, aseguró el jefe de Estado, quien anunció que instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que “analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma” de la carta magna de Jujuy, ya que “violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, aseveró.