Por apenas un voto, el oficialismo logró aprobar ayer en la Cámara de Diputados la resolución que declara la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con lo que dio el puntapié inicial para un proceso que sabe condenado de antemano, ya que no cuenta con el apoyo suficiente en el cuerpo para avanzar en él.
Con 16 votos sobre un total de 31 en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos (FdT) consiguió así imponer su mayoría para aprobar la admisión de las denuncias contra los cuatro jueces del máximo tribunal del país, que permite abrir la investigación, producir pruebas y citar a testigos a declarar a la Cámara Baja. En el dictamen, el oficialismo declaró admisibles los 14 proyectos que estaban sobre la mesa contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes en total suman más de 60 denuncias.
Claro que la embestida contó con una enérgica resistencia de Juntos por el Cambio (JxC), que presentó una resolución propia de “rechazo in limine” a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político, aunque mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes en juego. Ocurre que dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde 2017 contra Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando comandó la Corte, denuncias que incorporó el oficialismo.
Dado que la aprobación del juicio en el recinto es imposible –porque requiere los dos tercios de los votos de la cámara–, la oposición insistió a lo largo de la reunión en que es un mero “circo” del oficialismo para “presionar” a los jueces. Sin embargo, el FdT insistió en su ofensiva: “¿Cómo la aplicación de un artículo de la Constitución, el 53, va a debilitar la democracia?”, preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien se contestó que “es exactamente lo contrario: el ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia, sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y asume responsabilidades que no le son propias”.
Lo cierto es que a partir de ahora comenzará la etapa de la producción de pruebas -que incluirá la citación a testigos y de los propios acusados-, aunque se espera que el próximo jueves se limiten a organizar la metodología y el cronograma de trabajo.
JxC promete que frenará el proceso
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró ayer que Juntos por el Cambio (JxC) “va a frenar en el Congreso” el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, al advertir que “pasa todos los límites”. “
El intento de avanzar con un juicio político contra los miembros de la Corte pasa todos los limites, lo vamos a frenar en el Congreso. Lo más grave es que la independencia del Poder Judicial es la base del Estado de Derecho. Con una Justicia sometida al poder político todos los argentinos quedamos desamparados”, sostuvo Rodríguez Larreta en Twitter.
A su vez, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, insistió en que “la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias”.
“Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño; las causales son artificiales y dogmáticas”, remarcó el radical, quien consideró que “está finalizando este ciclo de 16 años de confrontación (con la Justicia) y ahora le declararon la guerra contra la Constitución”.
“Si generamos el precedente de destituir a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿por qué no se va a construir en el futuro el precedente de destituir a presidentes o vices por el contenido de sus políticas públicas?”, preguntó a su vez Juan Manuel López (Coalición Cívica).