El gobierno del presidente Javier Milei anunció ayer la reglamentación del DNU 70/2023 para posibilitarle a los trabajadores derivar sin restricciones sus aportes a la obra social o empresa de medicina prepaga que elijan desde el inicio de su contratación, una decisión que amenaza con tensar todavía más la relación con los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Luego de que se conociera que el Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/23, ayer se conoció la reglamentación que termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse, cuando inician un vínculo de trabajo, a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeñan.
Ambas decisiones fueron tomadas en medio de la tensión creciente entre el Gobierno y los sindicatos, profundizada a partir de la decisión del Ejecutivo de congelar los aumentos salariales pese a que la inflación escaló más del 40% en sus dos primeros meses de gestión. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de la iniciativa y celebró que “durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad”.
Desde el Gobierno aclararon que los beneficiarios “podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación” y que “podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”.
Sin embargo, el borrador de la norma que trascendió el fin de semana puede abrir un escenario de conflicto novedoso con las empresas de medicina prepaga, a raíz de que establece la obligatoriedad de que las firmas aporten un 20% de las cuotas que cobran a sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el funcionamiento del sistema -hasta ahora el FSR solo se nutría del 15% de los aportes de trabajadores y empleadores-. “Hoy no aportan al Fondo, y por eso pueden pedir un amparo por considerar que se les fija un nuevo impuesto por decreto”, anticiparon incluso algunas fuentes empresarias.
También cortaron el envíos de fármacos
Pacientes oncológicos denunciaron que el Gobierno de Javier Milei frenó la entrega de medicamentos desde el 10 de diciembre.
El Gobierno dijo que esto es consecuencia de una denuncia penal del Ministerio de Capital Humano, en la que se acusa a la a Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de elegir a los proveedores y comprar a través de una cadena de correos electrónicos sin validar.
“No pueden cortar los tratamientos porque la gente se muere y eso es criminal”, remarcó la titular de Proyectos en la Alianza Argentina de Pacientes, Florencia Braga.
La CGT analizará medidas de fuerza
El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, anticipó ayer que la central sindical analizará medidas de fuerza ante los conflictos abiertos en sectores como el de los trenes, la falta de acuerdo para ajustar el salario mínimo, vital y móvil y la reciente decisión de desregular la sobras sociales.
“El Presidente habla con desconocimiento de la ley que rige sobre el salario mínimo, vital y móvil, porque es una obligación por parte del Gobierno (…) Tiene que laudar cuando no se llega a los dos tercios de los votos en el Consejo del Salario”, remarcó Sola, en declaraciones radiales.