La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba y comenzó a tener derivaciones tanto en el plano judicial como político. Así lo aseguró el diputado nacional Esteban Paulón, quien advirtió que el caso “golpea directamente el relato libertario y la autoridad política del funcionario”.
Según explicó el legislador, la causa se inició a partir de interrogantes sobre cómo se financió un viaje de Adorni a Punta del Este. En ese marco, reveló que recientes allanamientos y testimonios incorporados al expediente contradicen la versión inicial brindada por el propio funcionario.
Uno de los elementos clave, señaló Paulón, es la declaración del piloto del vuelo de regreso, quien aseguró que los costos del traslado habrían sido cubiertos por el empresario Marcelo Grandío, en contraposición con lo manifestado públicamente por Adorni, quien había afirmado haber afrontado esos gastos.
La investigación, que inicialmente apuntaba al posible delito de dádivas, vinculado a la aceptación de beneficios por parte de funcionarios, comenzó a ampliarse. En ese sentido, la jueza María Servini resolvió remitir la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito al juez Ariel Lijo, con el objetivo de unificar expedientes en una misma fiscalía. A su vez, también se incorporó una presentación impulsada por la diputada Marcela Pagano.
El legislador remarcó que la normativa de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos, viajes o beneficios de personas o empresas que mantengan vínculos contractuales con el Estado, lo que constituye uno de los ejes centrales de la pesquisa.
En paralelo, Paulón puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, al considerar que existen inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida. “Resulta difícil explicar la adquisición de propiedades, viajes en aviones privados y pasajes en primera clase con un salario de funcionario”, sostuvo.
Más allá de las implicancias judiciales, el diputado subrayó el impacto político del caso en la administración de Javier Milei. “Adorni era la cara visible del discurso de austeridad, y esta situación expone una contradicción que debilita esa narrativa”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la reciente conferencia de prensa del funcionario, al considerar que no logró despejar dudas ni aportar documentación que respalde sus explicaciones. “Incluso admitió situaciones que no había declarado previamente, lo que agrava el escenario”, indicó.
En ese contexto, Paulón sugirió que la continuidad de Adorni podría estar en revisión. “El jefe de Gabinete cumple un rol clave como fusible político del presidente. Si pierde credibilidad, su permanencia se vuelve difícil”, advirtió.
Finalmente, el legislador enmarcó la situación en un contexto más amplio, al señalar que la acumulación de denuncias de corrupción, sumada a un escenario económico complejo, puede derivar en un cuadro de mayor fragilidad institucional. “El impacto de esta causa no es solo judicial: pega de lleno en la legitimidad del Gobierno”, concluyó.
Dictan medidas de protección para una testigo que denunció presiones en una causa vinculada a Adorni
