En un contexto de fuertes tensiones políticas y a menos de dos meses del recambio legislativo, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas encabezado por la “Ley Bases 2” y una versión actualizada de la “Ley Hojarasca”, destinada a derogar normas consideradas obsoletas. El envío de los proyectos está previsto para el 15 de diciembre, según adelantó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su exposición en la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2026.
El Ejecutivo confía en que el nuevo escenario parlamentario, con un bloque oficialista más numeroso, le permitirá avanzar con las reformas que quedaron fuera de la primera Ley Bases, pese a la pérdida de aliados del PRO y la UCR. Cacace sostuvo que la nueva iniciativa incluirá medidas como el «juicio por jurado, el divorcio exprés, la ley de defensa de la competencia y la reforma de la pesca», entre otras. “La Ley Bases fue un ejercicio positivo de diálogo democrático”, aseguró, aunque la oposición no comparte ese diagnóstico.
La presentación se realizó en una sesión presidida por Bertie Benegas Lynch (LLA), en medio de reclamos opositores por la suspensión de leyes ya aprobadas, como las de «Discapacidad, Garrahan y Universidades», que el Gobierno se negó a implementar. Los legisladores anticiparon que buscarán reincorporar esas partidas en el próximo presupuesto.
En la misma reunión, Cacace defendió la política de «desregulación del Estado», argumentando que “eliminar privilegios y barreras de acceso” promueve la libre competencia. “Durante décadas, el Estado fue un instrumento de concentración económica a favor de unos pocos”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, repasó los efectos de la “motosierra” aplicada por el Ejecutivo. Sostuvo que la reducción del tamaño del Estado permitió un ahorro de 18 mil millones de pesos y una baja de 54 mil empleos públicos, en un año y medio. “En los años 80 había 40 organismos descentralizados; en 2023 heredamos 111. Se convirtieron en refugios de la política”, subrayó.
Sin embargo, las tensiones políticas se hicieron sentir en el recinto. El diputado y sindicalista, Sergio Palazzo (UxP), cuestionó el uso excesivo de decretos por parte del Gobierno: “Parece que el diálogo solo existe si se da bajo sus términos. Si no, no hay diálogo posible”, criticó. También recordó las irregularidades en el tratamiento de la primera Ley Bases, al acusar al ministro, Federico Sturzenegger, de haber “robado el dictamen” para modificarlo fuera del Congreso.
Mientras tanto, el oficialismo busca consolidar una nueva agenda legislativa basada en los principios del Consejo de Mayo, que incluyen la «inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una educación moderna y la apertura comercial». El Gobierno planea que estos puntos formen parte de un segundo paquete de leyes para el inicio de 2026.
Entre los bloques opositores, las diferencias también afloraron. Germán Martínez (UxP) cuestionó las reuniones paralelas que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron con diputados dialoguistas fuera de la comisión de Presupuesto, a lo que «Nicolás Massot» y «Danya Tavela» respondieron que “son prácticas habituales de gobernabilidad”.
En medio de un clima de desconfianza y discursos cruzados, el Gobierno apuesta a que el próximo Congreso le permita concretar la segunda etapa de su plan de reformas estructurales. Pero el debate promete volver a poner en juego el delicado equilibrio entre *ajuste, institucionalidad y consenso político*, un triángulo que hasta ahora el oficialismo no logró estabilizar.
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