El documento oficial expone que jueces y fiscales se encargan de llevar adelante «procesos penales fraudulentos» para lograr «la proscripción de figuras centrales» del oficialismo como Cristina Kirchner.
En función de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno Argentino presentará un escrito que habla sobre la situación de los derechos humanos en el país con críticas sobre la independencia de los jueces y fiscales, el control institucional de los partidos opositores y el rol de los medios de comunicación.
El documento de 30 fojas, titulado «Cuestiones emergentes: principales desafíos», fue redactado por la secretaría de Derechos Humanos, que tiene como titular a Horacio Pietragalla, con asesoría de la Cancillería de Santiago Cafiero.
Lo que expone es una mirada de la democracia, sin tapujos, según el kirchnerismo donde se habla de «Lawfare», la supuesta guerra mediática-judicial en contra de dirigentes populares en el Cono Sur.
“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población” asevera el escrito.
Si el documento no tiene más cambios, Pietragalla será el designado para leerlo ante el Consejo de DDHH de la ONU, el lunes próximo en Ginebra. El secretario de DDHH del Gobierno nacional sostiene que los discursos de odio fueron los que provocaron el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, la oposición en un comunicado conjunto, se expresó sobre el documento oficial, “repudiamos la acción de los representantes del gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, expone el comunicado de la principal fuerza opositora.
Los referentes del PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical advirtieron que es “absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa” y también repararon nuevamente en la invitación de los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel a la Cumbre del CELAC, a los que señalan como dictadores y violadores de DDHH.