La investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner parece haber entrado definitivamente en el terreno de las disputas políticas.
Por un lado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó ayer, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un “plan criminal” que tuvo por objeto imponer sus ideas por la fuerza o el temor.
Lo hizo a menos de dos días del fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña que ordenó su liberación.
“Pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”, concluyó el magistrado tras enumerar todas las acciones violentas protagonizadas por los imputados, y advirtió que el grupo funcionó con la estructura de una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías”, por lo que sus conductas quedaron por fuera de la protección constitucional a los derechos de protesta y libre expresión de ideas.
“Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, concluyó el juez.
Al mismo tiempo, el juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia anunció que demandará por daños y perjuicios al presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado cuestionara su designación en el cuerpo durante la administración de Mauricio Macri.
El jefe de Estado aseguró que “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”; pero Bruglia rechazó el cargo, advirtió por la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, denunció una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”.
Al mismo tiempo, Bruglia renunció a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional luego de que esa entidad no respondiera a las críticas que le efectuaran al camarista el jefe de Estado y el ministro de Justicia, Martín Soria.