La Cámara de Diputados avanzaba anoche, al cierre de esta edición, en el debate del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, impulsado por el Gobierno nacional, que establece la emergencia pública en diversas áreas, una reforma profunda del Estado y la privatización de empresas públicas.
En un clima de extrema tensión que generó incidentes adentro y afuera de la sala legislativa (ver otras notas en esta misma página), el oficialismo seguía negociando con los gobernadores y los distintos bloques de manera paralela al debate en el cuerpo para asegurarse la aprobación de los puntos centrales que impulsa el presidente Javier Milei, las facultades delegadas y la privatización de las empresas públicas. Si bien tenía garantizada la aprobación en general de la iniciativa, la suerte en la discusión de cada artículo en particular era una incógnita mayúscula, ya que por ejemplo los gobernadores seguían pujando por la coparticipación del impuesto País, algo que el oficialismo ya había descartado de la norma (ver Los cambios…).
Respecto a los superpoderes, el Gobierno había aceptado limitar la declaración de “emergencia pública” a seis materias (de once): económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, también había pujas sobre el tema porque tanto Hacemos Coalición Federal (HCF) como la UCR querían eliminar la delegación de facultades en materia energética, tarifaria y de seguridad, algo que era prenda de las negociaciones paralelas encaradas por el Ejecutivo.
Otro de los puntos que el Gobierno negociaba tiene que ver con las privatizaciones: una fuente oficial confió en un diario porteño que el Ejecutivo estaba abierto a reducir la lista de empresas sujetas a privatización a unas 30 o 25, dejando afuera a YPF, como ya se anunció. Sin embargo, nadie podía aventurar anoche cómo quedará la norma que impulsa Milei, quien a inicios de la jornada envió un duro mensaje a los legisladores, donde aseveró que “hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino” y aseguró que “el Gobierno ha escuchado toda recomendación y objeción: ahora es responsabilidad de los señores diputados promover las reformas planteadas”.
Lo cierto además es que, con el presidente de la Cámara, Martín Menem, abocado a la discusión en el recinto, el principal estratega de Milei, Santiago Caputo, y Maximiliano Fariña -hombre de Federico Sturzenegger-, negociaban paralelamente con los gobernadores “dialoguistas” nuevos cambios que podrían hacer a la norma para garantizarse su respaldo. De hecho, durante la propia jornada las fuentes oficiales anunciaron cambios a la iniciativa, lo que complejizaba el tratamiento de la norma que ocurría en el recinto.
A tal punto es así que los bloques opositores denunciaron que los diputados no conocían a ciencia cierta el dictamen que debatían, en una sesión donde muchas intervenciones apuntaron a cuestiones ajenas a la iniciativa, como las herencias kirchnerista o macrista y las denuncias sobre las consecuencias de la delegación de facultades. A las 21:30, luego de unas 11 horas de debate, Menem propuso pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy para continuar la discusión, algo que fue aprobado por mayoría. “Estamos a esta hora sin dictamen y sin saber cuáles son los cambios que se están negociando por afuera del cuerpo”, denunció entonces el peronista Germán Martínez. “Después de 11 horas de sesión, no aparece el dictamen de mayoría y como no sabemos qué Ley estamos discutiendo, se suspende la sesión hasta mañana. Nunca visto”, escribió su par Leandro Santoro en Twitter.
La jornada había sido extenuante, con momentos de fuerte tensión cuando al mediodía se expulsó de las gradas a un desconocido que insultó a los legisladores opositores mientras hacían uso de su palabra, entre otros hitos (ver Infiltrados…). En la nómina, aún quedaban 140 oradores anotados antes de que la propuesta pase a votación en general. Por el momento, las fuentes oficiales aseguraban que tenían el respaldo de 146 legisladores (con apoyo del PRO, la UCR, HCF e Innovación) para aprobar la norma en general, aunque nadie sabía qué ocurrirá en la discusión en particular, como tampoco cuándo ocurrirá.
Protesta e incidentes
El Gobierno dispuso un fuerte operativo conjunto de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal para evitar las protestas frente al Congreso, que igualmente fueron multitudinarias. Los movimientos sociales y partidos de izquierda, entre otros, se movilizaron para repudiar la iniciativa y los incidentes no se hicieron esperar, cuando las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes. La represión dejó al menos dos detenidos y varios heridos, entre ellos Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien denunció que “la Policía no para de reprimir y golpear a la gente. Tirado en el piso me molieron a palos y a patadas”. Ante la represión, las organizaciones reclamaron un nuevo paro general de la CGT, algo que el líder sindical Pablo Moyano no descartó.
Infiltrados
Un hombre que se encontraba en el palco de la Cámara de Diputados fue echado del edificio por personal de seguridad tras insultar a los gritos a la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman. Los insultos del hombre, un empresario libertario identificado como Tomás Agote, demoraron las exposiciones en el inicio de la sesión especial, que poco después tuvo una nueva polémica porque se conoció que estaba Leonardo Sosa en los balcones de la cámara, amenazando a diputados opositores. Se trata de uno de los fundadores de la agrupación Revolución Federal y está procesado por el atentado contra Cristina Kirchner. Tras pedir que lo echaran, se conoció que había logrado entrar invitado por Lilia Lemoine, la diputada “influencer” de La Libertad Avanza.
Intimidaciones
El diputado de Unión por la Patria por Córdoba (UxP), Pablo Carro, denunció el ingreso de las fuerzas de seguridad a la Cámara de Diputados y aseguró que es “una forma de amedrentar” del oficialismo. “Es un sinsentido, no se qué tienen que hacer las fuerzas de seguridad en el interior del Congreso. Creo que es esta cosa un poco nazi-fascista de provocar, de tratar de sacar de orden algo que es propio de la Cámara, que es el debate, la chicana, la discusión. Eso forma parte de lo cotidiano”, afirmó Carro. Su par Carlos Castagneto (UxP) también denunció que “la presidenta del Senado (Victoria Villarruel) le abrió las puertas para que la Policía Federal entre al interior de la Cámara de Diputados” y pidió explicaciones por la decisión, ya que “no se puede debatir de esta manera” la Ley ómnibus.