El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que «todo parece indicar que quedó expuesto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios», al referirse en cadena nacional al intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.
El jefe de estado dio un discurso en cadena nacional y sostuvo que el caso deja «expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan» sobre sectores de la política y de la justicia.
En un mensaje para referirse al escandaloso hecho revelado este domingo por Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna, el jefe de Estado subrayó también que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.
El jefe de Estado subrayó, «lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios», y aseguró que «es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas».
«Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica, inició el mensaje.
«Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno», continuó.
«Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros», expresó Fernández.
En un mensaje de menos de 5 minutos, señaló que «algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido».
Indicó que «allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia».
«Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido», expresó el Presidente.
Además, sostuvo que «por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».
«Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia», resaltó el jefe de Estado.
«No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo ´Operación Página 12´ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes», señaló.
Las medidas del Gobierno Nacional
«He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido», señaló.
«Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas», recalcó Fernández.
«Convencido de que debemos decir «Nunca Más» a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto: Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento», anticipó.
Indicó además que instruyó al representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura (Gerónimo Ustarroz) para que solicite la «apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales», además de indicarle al bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que «evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados».
El Presidente también solicitó al Congreso de la Nación que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».