Con el planteo que hay que dejar de “tercerizar” la ayuda social a través de las organizaciones de base, la vicepresidenta Cristina Kirchner preparó el terreno para impulsar la creación de un Salario Básico Universal (SBU), un proyecto de ley que presentó en el mes de mayo el diputado del Frente Patria Grande Itai Hagman y que es acompañado por el kirchnerismo puertas adentro (once legisladores del Frente de Todos rubricaron la iniciativa) y fuera del Congreso de la Nación. Una jugada fuerte de cara a las presidenciales del año próximo.
Fue el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien blanqueó la postura del kirchnerismo duro al participar de una charla en la Legislatura bonaerense junto al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, para presentar la iniciativa. “Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera”, dijo Larroque al darle respaldo a SBU.
De aprobarse el proyecto, cobrarían el salario universal 7,5 millones de personas, de entre 18 y 64 años. El monto que se propone equivale a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto ($14.401 en mayo) y la cobrarían las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares.
“Tendría un costo fiscal de 2.1% del PBI”, argumentó Hagman en esa oportunidad. Se trataría de una política de Estado sin intermediaciones, quitándole poder a las organizaciones que hoy distribuyen esa asistencia.
Sobre el tema también se refirió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien consideró que las provincias y municipios tienen que tener “participación” en el manejo de la ayuda social. “Tenemos que federalizar los planes sociales. Eso quiere decir que no se manejen desde una decisión central, sino que cada uno de los gobernadores y los gobiernos locales tengamos participación en ese proceso”, sostuvo, alineado con CFK.
Nuevamente recogió el guante Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario albertista en el Ministerio de Desarrollo Social. Además de considerar que la vicepresidenta “se está desgastando ella misma” con las discusiones que exhibe, reiteró que “las organizaciones sociales son garantía de la gobernabilidad”. “Cristina no entiende este nuevo capitalismo (…) Cree que con su lapicera va a poder domar a este capitalismo”, apuntó Pérsico, al tiempo que abogó por la construcción de “otro modelo (económico) diferente”.
La oposición también se sumó a la discusión. En la misma Cámara baja, diputados de Juntos por el Cambio presentaron proyectos de ley para sustituir los planes sociales por empleo. La semana pasado anunció una iniciativa en ese sentido Emilio Monzó y anteriormente había hecho lo propio un grupo de diputados del PRO liderados por el santafesino José Núñez.
Así las cosas, la presión por los planes sociales asociados a cooperativas (Potenciar Trabajo) atraviesa a todas las fuerzas políticas porque se trata de una de las mayores erogaciones del presupuesto (alcanza a 1.200.000 de personas) y su administración será esencial para sostener las metas fiscales comprometidas con el FMI. Por caso, el tema no escapó de la hermética y prolongada reunión que mantuvo el miércoles último la vicepresidenta con el economista Carlos Melconian, quien acudió al encuentro en su rol de presidente del Ieral (Fundación Mediterránea), y que, entre otros puntos, sugirió a la ex mandataria “frenar la emisión monetaria, además de bajar el gasto”.