Continúan las derivaciones políticas tras la detención de Alejandro Mercado, uno de los subjefes de la Policía de Córdoba, acusado por el fiscal Enrique Gavier de encubrimiento agravado, lo que generó un “terremoto” en la cúpula de la fuerza de seguridad y en el Gobierno de Córdoba. En la víspera, el senador nacional Luis Juez y uno de los principales referentes de la oposición provincial pidió públicamente la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Juez habló de “fallas muy graves”, y planteó la salida de quien en el pasado fuera uno de sus socios políticos. “No tengo ninguna duda de que Quinteros tiene que renunciar. No tengo ninguna duda porque ha demostrado una incapacidad manifiesta. Hay incapaces en todos lados, pero en un tema tan delicado como la seguridad, es de una gravedad enorme. Yo no sé si toman debida dimensión de lo que estamos viviendo”, aseguró al programa Poné Primera, que se emite por el canal de streaming Chingón en vivo.
Juez dijo no tener nada personal con el funcionario, aunque no evitó criticarlo por estar en filas del oficialismo desde el año pasado. “No tengo nada contra Quinteros. Cada uno elige su precio, algunos se venden por nada, y yo no tengo un problema. Que haga lo que quiera. Pero lo que está pasando es un papelón: la mitad de la cúpula de la Policía está presa, el 100% es la cúpula del Servicio Penitenciario está presa, ¿y no va a haber ninguna explicación? ¿Llaryora cree que esto es sólo un problema de la oposición?, ¿qué es una cuestión que no tiene que ver con un sistema? ¿En serio que no vamos a profundizar, no vamos a profesionalizar la oferta que le hacemos a la gente con los funcionarios que ponemos en un tema tan delicado como la seguridad en Córdoba?”, planteó el senador nacional.
Como se recordará, Quinteros dijo el fin de semana pasado que Mercado –el subjefe echado tras ser detenido–, tenía una foja de servicio “intachable” y que su ascenso había sido un pedido de parte de los fiscales. Consultado al respecto, Juez planteó: “Es un acto de cobardía tratar de lavarte tus responsabilidades responsabilizando a otros. Quinteros ha sido un empleado judicial, sabe cómo funciona la rosca judicial y sabe que (el pedido de los fiscales) no es garantía de nada”.
Juez aseguró que el gobernador Martín Llaryora sostiene adrede en el cargo a sus ministros cuando son cuestionados por la oposición. “He escuchado la explicación del ministro Quinteros y me parece lamentable que el gobernador crea que este es un problema de la oposición. ¿Qué te dicen algunos dirigentes políticos con los que he hablado en estos últimos 15 días?: ‘mientras ustedes piden la renuncia de Quinteros, el gobernador lo va a sostener’. Eso es lamentable”, planteó el líder del Frente Cívico.
El senador también manifestó que hay estructuras delictivas que están “a la vista de todos”, pero que continúan operando. Y puso como ejemplo la comercialización de celulares robados en algunos locales de la Galería Norte. “¿No sabemos que hay toda una connivencia y una cadena de encubrimiento en la Galería Norte, en el tema del robo de celulares? Todos lo sabemos eso. ¿Y cuál es la excusa? Porque la oposición lo dice. Me parece que esto le va a traer grande dolor de cabeza a Llaryora, pero fundamentalmente a la sociedad”, completó.
Críticas al sistema
Al trazar un análisis de la situación de la fuerza de seguridad, el senador dijo que en la actualidad “no hay investigadores en la Policía”. “Esa especialidad fue desapareciendo con algunas cuestiones, con la creación de las unidades policiales. Entonces, hoy no conseguís investigadores. Hay fiscales que tienen determinados policías que los cuidan y los toman como propios, como si fueran empleados de ellos. Esta crisis también tiene que ver con un sistema de 25 años donde hay poco aire para respirar en la Justicia, hay todo un acomodo horrible”, agregó sin abandonar el tono de crítica.
Y ahondó: “Lo que está pasando es gravísimo. Promueven a los tipos conforme a las relaciones personales y no por el mérito. No hay un solo mecanismo en la Policía de la provincia de Córdoba que permita que los ascensos tengan que ver con algún grado de objetividad, de capacidad. Según el nivel de chupada de media que tiene el comisario, está en la plana mayor, asciende a determinado lugar o logra determinada unidad regional. Hay un nivel grande de improvisación. Nadie planifica, nadie organiza”.
Juez apuntó que durante la última campaña a gobernador, desde su espacio planteó generar una orden de mérito. “Nosotros planteamos en la campaña un mecanismo de acceso a determinado nivel en la plana mayor, donde haya mínimamente un tribunal que pueda juzgar, que pueda evaluar, que pueda hacerle rendir un examen. Para que el que llegue ahí no sea por ser un chupa media. Porque así como estamos se termina beneficiando al tipo que es un alcahuete, al obsecuente”.
Por faltas y delitos, ya hay 161 policías en pasiva en 2024
A la par de los últimos graves escándalos que han detonado en la Policía de Córdoba, y donde sobresale el caso del ahora ex comisario general Alejandro Mercado, quien está preso junto a otros dos oficiales por supuesta corrupción, hay otra realidad que preocupa en los principales despachos de la fuerza y de quienes la conducen: los uniformados apartados de sus funciones.
En lo que va de 2024 al menos 161 efectivos de la Policía provincial han quedado en situación pasiva por disposición del Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, el ente que reemplazó al tribunal de Conducta Policial tras el “gatillo fácil” contra Blas Correas. Se trata de medidas disciplinarias que han sido adoptadas por ese órgano (que funciona fuera de la Policía) a la par de las investigaciones penales que desarrolla la Justicia provincial y en las que hay imputaciones, reveló el diario La Voz del Interior.
De hecho, dos de los últimos efectivos en haber quedado con pasiva fueron Mercado y la subcomisaria Verónica Aguilar, involucrada precisamente en la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier en torno a la operatoria de una presunta banda mixta (entre policías y civiles y un empleado judicial) sospechada de graves hechos delictivos. El otro involucrado, el comisario Cristian Cabrera, ya se encontraba en situación pasiva desde febrero.
Así las cosas, hay al menos 161 uniformados que, ya sea por estar incursos en presuntos delitos o bien por haber sido denunciados con sospechas firmes, como así también por faltas administrativas, han quedado desafectados de la labor hasta nuevo aviso. Esto implica que dejan de trabajar, se les quita el arma reglamentaria y se les recorta el sueldo de manera ostensible.
Además, no pueden hacer custodias adicionales (lo que significa un ingreso extra) mientras dure el sumario. La medida disciplinaria dura unos seis meses y puede renovarse.