La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de la veintena de temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, aunque sobresale uno que podría hacer peligrar todas las sesiones: el juicio político a los miembro de la Corte Suprema de Justicia, que es rechazado en forma unánime por Juntos por el Cambio (JxC).
La principal alianza opositora, en efecto, ya anticipó que bloqueará el proceso –y por extensión toda iniciativa del oficialismo-, aunque proyecta participar del debate para “desnudar el relato”, controlarlo y hasta judicializar cada acción que considere ilegal. “Siempre el camino de la Justicia está abierto”, anticipó uno de los legisladores que integra la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo tiene número suficiente para avanzar en el proceso, aunque luego no pueda aprobarlo en el pleno de la Cámara baja.
“Tanto nosotros como los afectados directos pueden recurrir a la Justicia. Por eso es importante estar en el debate, verificar las pruebas y medidas que se tomen. Además si se abre una instancia judicial, será tomado todo lo que se diga y presente en el debate”, agregó otro diputado de JxC en la prensa porteña. “Nosotros no podemos fabricar los votos que no tenemos, pero vamos a estar para objetar cada punto y poner en evidencia las inconsistencias de cara a la opinión pública”, completó.
“Dicen que se van a sentar en la Comisión de Juicio Político, pero porque nosotros hacemos el juicio político no se van a sentar para el resto de los temas. Hay una incongruencia. Parece que necesitan ser los abogados de los jueces de la Corte”, replicó el diputado oficialista Eduardo Valdés, quien consideró que “la intención de fondo de JxC es paralizar el Congreso”.
El oficialismo ya anticipó que convocará a decenas de testigos, entre ellos gobernadores, ministros, juristas y miembros de organizaciones de Derechos Humanos. Frente a eso, la oposición tampoco descarta sumar testigos propios, así como exigir la apertura de los juicios políticos que presentaron contra el presidente Alberto Fernández o la vice Cristina Kirchner. Por lo pronto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya avanzó en la judicialización del proceso al radicar una denuncia ante la Organización de Estados Americano (OEA).