La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó a tratar ayer el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que impulsa la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias -así como también la institucionalización de un piso alto para el cobro del tributo-, aunque el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) anticipó que votará en contra de la iniciativa porque no quiere “acompañar el camino a la hiperinflación” del ministro y candidato Sergio Massa.
El proyecto crea un nuevo tributo sobre los ingresos en reemplazo del actual Impuesto a las Ganancias, estableciendo el límite no imponible en 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) por mes, con una alícuota progresiva sobre los ingresos que excedan ese límite que va del 27% al 35%, y se actualizará dos veces al año con el valor del SMVM. De esta forma, sólo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos de 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, “quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, según los fundamentos del texto.
“No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa”, anticiparon el miércoles a la noche los integrantes del bloque de JxC, tras una reunión de los jefes de bloque con el equipo económico de Patricia Bullrich, que dirige Carlos Melconián. Allí, señalaron que el Gobierno “muestra su desesperación electoral impulsando una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público, lo que implica que será financiado íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación”. “Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos”, anticiparon los legisladores.
“¿En serio se van a oponer a que más 800.000 trabajadores de la salud, docentes, policías, empleados de comercio y un largo etcétera dejen de pagar Ganancias? Olvídense de a quién se le ocurrió la idea por un momento”, reclamó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (Frente de Todos), donde ayer comenzó el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Presupuesto, en la que funcionarios y sindicalistas reclamaron la aprobación de la reforma al considerar que es de “estricta justicia social”. El rechazo “es extraño viniendo de un espacio político hizo campaña diciendo que iba a eliminar Impuesto a las Ganancias con (el ex presidente, Mauricio) Macri a la cabeza y, después, en lugar de materializarlo en el Gobierno, terminaron duplicando cantidad de trabajadores y jubilados que pagaban”, aseveró el presidente del bloque de diputados oficiales, Germán Martínez, quien recordó que “la semana pasada pedían que envíen el proyecto” para votarlo.
“Esto va al consumo, no es dinero que va a la timba financiera”, agregó con sorna el titular de la CGT, Héctor Daer, quien destacó que “no desaparece el tributo, desaparece la desproporción que genera la cuarta categoría” que recae sobre el salario de los trabajadores. Desde la oposición, el radical Martín Tetaz, dijo que a todos les “gustaría eliminar IVA y el impuesto a las Ganancias”, pero resaltó que “debe haber una reforma integral y no impuesto por impuesto sino nos vamos a quedar sin impuestos para sostener el gasto público”. La iniciativa seguirá tratándose el próximo lunes, donde el oficialismo pretende darle dictamen para intentar empezar a tratarla en el recinto el martes siguiente, aunque para eso deberá reunir el número de 129 legisladores para habilitar la sesión, ya que JxC confirmó que no dará quórum y rechazará la iniciativa.
Las provincias recurrirán a la Justicia
Aunque aún no está claro el panorama, el cambio en el Impuesto a las Ganancias dispuesto por el Gobierno tendría un costo fiscal de 577.600 millones de pesos para las provincias, según estimó un informe privado de la consultora Aerarium.
El informe dijo que la suba de 152% del mínimo no imponible del tributo -llevándolo de $700.875 a $1.770.000 brutos- tendrá un costo fiscal cercano a un billón de pesos. “Tomando como base un costo fiscal equivalente al 0,57% del PIB ($1 billón), el costo fiscal para el conjunto de Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires rondaría los $577.600 millones, lo que representa el 57,8% de la pérdida total de recursos.
En base a los envíos acumulados entre enero y agosto, el costo equivale a 12 días hábiles de transferencias, de modo que la pérdida sería equivalente a medio mes de coparticipación”, aseguró el informe. Ante ese escenario, los gobernadores de la oposición ya anunciaron que recurrirán a la Justicia. Por ejemplo, el radical Gerardo Morales (Jujuy) anticipó que presentará una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia por la posible pérdida de recursos coparticipables.