El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en las inmediaciones de las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones operativas y financieras a partir de las sanciones que aplica la Argentina contra la exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
A pocos días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por el país para frenar las perforaciones, comenzaron a conocerse las primeras consecuencias de la estrategia argentina. Entre ellas, la salida de dos contratistas y la posible cancelación de trabajos vinculados con una unidad flotante fundamental para el desarrollo del yacimiento.
La empresa británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas decidieron retirarse del proyecto. Según la información difundida por la Cancillería argentina, las compañías habrían desistido ante el riesgo de enfrentar represalias judiciales y comerciales por participar en actividades consideradas ilegales por el Estado argentino.
A esto se suma la situación del astillero Seatrium, con sede en Singapur, que evalúa rescindir el contrato para remodelar el buque Aoka Mizu. Se trata de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), considerada una pieza indispensable para procesar el petróleo que se extraiga del yacimiento.
La respuesta de las empresas y el impacto en los mercados
Pese a las dificultades, las compañías involucradas intentaron transmitir tranquilidad a sus inversores. Rockhopper sostuvo que la salida de los dos contratistas no modifica, por el momento, el cronograma previsto ni representa un perjuicio significativo para el desarrollo de Sea Lion.
La firma indicó que Navitas Petroleum, operadora mayoritaria del emprendimiento, se encuentra en una etapa avanzada de búsqueda de reemplazos para las empresas que abandonaron las operaciones. Además, mantiene sus planes de avanzar durante 2027 con la primera fase del desarrollo del yacimiento.
Sin embargo, las novedades también tuvieron repercusiones en los mercados financieros. Según los datos difundidos por la Cancillería, al cierre de la semana las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas Petroleum cayeron un 6,59% en Tel Aviv.
La advertencia de Quirno y la estrategia argentina
El canciller Pablo Quirno ratificó la posición argentina durante su participación en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. Allí advirtió sobre las consecuencias irreversibles de avanzar con la explotación de los recursos petroleros en el área disputada.
«Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable», afirmó el funcionario.
Además, aseguró que la estrategia de arbitraje internacional continuará independientemente de lo que resuelva el tribunal de Hamburgo. También envió un mensaje a las compañías involucradas al advertir que participar en operaciones consideradas ilegítimas por la Argentina puede representar un elevado costo comercial y empresarial.
En paralelo, el Gobierno impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas que participen en actividades no autorizadas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el tratamiento en Diputados no pudo avanzar esta semana por falta de quórum.
De esta manera, la administración nacional mantiene abiertas distintas vías de presión para intentar frenar el desarrollo unilateral de los recursos hidrocarburíferos en la zona de Malvinas.
El próximo 28 de noviembre será una fecha determinante para la estrategia argentina, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dé a conocer su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas para suspender las perforaciones. La resolución se conocerá en una audiencia pública prevista para el mediodía en Hamburgo.
El escenario todavía permanece abierto, mientras la Argentina busca limitar el avance del emprendimiento mediante sanciones y acciones judiciales, las empresas sostienen que trabajan para reemplazar a los contratistas que se retiraron y mantener el calendario de desarrollo previsto para 2027.
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