La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que Córdoba es parte, definió como “regresivo” el Decreto 780/2024 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual, según consideró, “restringe el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, obstaculiza su uso y acota los datos que las personas en ejercicio de la función pública están obligadas a suministrar”.
“La disponibilidad de la información pública es un pilar fundamental en las sociedades democráticas, ya que permite a la población estar informada y participar de manera activa en la toma de decisiones de sus gobiernos. La falta de acceso a la misma puede llevar a la opacidad, la corrupción y el abuso de poder, socavando los principios fundamentales de la democracia, es a través de la información veraz y objetiva que podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática”, aseguró Carlos Galoppo, defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba.
Los defensores del Pueblo también advirtieron que el decreto implica una “injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional”.
En esa línea, el Defensor del Pueblo Adjunto solicitó al gobierno nacional que revea su decisión, se revierta esta medida restrictiva y se garantice el pleno acceso a la información pública en beneficio de la sociedad.