Pese al rechazo de los bloques opositores de Juntos UCR, Encuentro Vecinal, la izquierda y la Coalición Cívica, el oficialismo de Hacemos por Córdoba aprobó el miércoles pasado en la sesión de la Legislatura y en primera lectura, el presupuesto provincial previsto para el año próximo, junto con las modificaciones al Código Tributario y la Ley Impositiva. Se estima que el 7 de diciembre próximo se trataría en doble lectura, previa audiencia pública prevista para el 1º de diciembre y reuniones de comisiones ya programadas para los próximos días.
Sobre el particular, el legislador de la bancada Juntos UCR, Marcelo Cossar, justificó su voto en contra al cuestionar los alcances de la denominada ley de leyes: “Así vote el presupuesto 2023, el último de Juan (Schiaretti) y de HPC, que destina $ 2 billones a un año electoral y que van a financiar con la caja que hicieron, quitándole fondos a educación, salud, vivienda, seguridad y jubilaciones en los últimos 7 años”.
“La deuda total a octubre es $ 392.000 millones, 2.500 millones en USD y 85.000 millones en pesos. Equivale a 1,2 veces los ingresos propios proyectados para 2023 y a 1,3 veces los ingresos propios del cierre 2022. En 2023 quieren contraer nueva deuda por $ 131.000 millones más!”, advirtió el parlamentario radical. Además, Cossar fue más allá y recordó que “a los cordobeses le entregan 500 préstamos de $ 40.000 del Banco de la Gente, que representa apenas 1/3 de la canasta básica, es decir, para comer solo 10 días en un mes o para pagar las deudas de impuestos que les cobra este mismo gobierno. Una locura”.
A su turno, la legisladora Luciana Echevarría (MST- FITU) sostuvo que “los reclamos que cotidianamente se expresan en las calles de Córdoba, por aumento salarial, por mejores condiciones laborales, contra la violencia de género, en defensa del ambiente y por políticas sociales para los más vulnerables, no encuentran respuesta en este presupuesto”.
A continuación, insistió en que el proyecto “es más ajuste y saqueo para los sectores populares”, y agregó que “en los últimos 10 años, los servicios sociales (salud, educación, vivienda, etc.) perdieron 6 puntos en la participación del gasto total, mientras los servicios económicos (obras como la autovía de Punilla, endeudamiento, etc.) aumentaron más de 10 puntos”.
“Este proyecto tiene ganadores y son los mismos de siempre: los empresarios del agro, los desarrollistas inmobiliarios, la Fetap, que se llevan para ellos solos 57.000 millones de pesos del presupuesto, que es más de lo que reciben el Ministerio de Mujer, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social, Senaf y el Ministerio de Empleo y Formación Profesional sumados”, completó Echevarría.
Limia: “El principal enemigo es la inflación”
En el inicio del debate en la Unicameral, que se extendió por unas cinco horas, el legislador oficialista Leonardo Limia, presidente de la Comisión de Presupuesto, brindó detalles acerca de los alcances del presupuesto. “Estamos convencidos que el principal enemigo que tenemos los argentinos es la inflación. Este fenómeno que hace que a los argentinos no les alcance el salario que cobran cada mes”, expresó Limia, al referirse al impacto directo del proceso inflacionario.
“Es necesario que en este contexto de fuerte incertidumbre la Provincia avance con su propia hoja de ruta… y planifique la manera en la que se desarrollará el presupuesto provincial… atendiendo las necesidades de la población, sabiendo que como primera necesidad es la de ayudar a las familias cordobesas”, insistió.
Por lo que explicó que se definieron topes de incrementos impositivos en los impuestos patrimoniales. Se estima una suba del Inmobiliario Urbano promedio de un 44%; y del Rural, del 59%. “Un 40% por debajo de la inflación esperada para 2022, lo cual en términos reales implica un alivio para los contribuyentes,” aseguró durante la deliberación.