La política argentina se vio conmovida ayer por el cierre de los alegatos acusatorios en la llamada “Causa Vialidad”, donde el fiscal Diego Luciani pidió una condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en una acusación que la alianza gobernante definió como un intento de “proscripción”.
La jornada comenzó con un pedido de la Vicemandataria para ampliar hoy su declaración indagatoria, que fue denegado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 tras el alegato del fiscal Luiciani, por lo que la causa entró en un cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre. No así sus repercusiones políticas, que anoche podrían haber cobrado ribetes dramáticos por las manifestaciones a favor y en contra de Fernández de Kirchner registradas frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, donde hubo enfrentamientos con la policía porteña.
Durante la jornada, el fiscal Luciani realizó un encendido cierre de sus alegatos ante el TOF2 donde consideró que la ex presidenta fue la “jefa de una asociación ilícita” destinada a desviar fondos de la obra pública en Santa Cruz, cometiendo además el delito de administración fraudulenta contra el erario público. Su exposición incluyó exhortaciones a los miembros del TOF2 a dictar una sentencia “ejemplar” para que se convierta en “el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”; a la vez que acusó al presidente Alberto Fernández de “encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial” para defender a la actual Vicepresidenta.
El fiscal aprovechó el alto nivel de difusión que tuvo su alegato -reproducido en vivo por los canales y portales de noticias- para reclamar a los jueces que dicten las condenas que solicitó. “Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza”, dijo Luciani.
Además de las condenas a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua contra Fernández de Kirchner, también solicitó el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, al argumentar que ese sería el monto del supuesto perjuicio para el Estado. “Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, finalizó en dirección a los magistrados del TOF2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, antes de considerar que la sociedad debería estar “orgullosa” del trabajo de la fiscalía que él encabeza. También pidió condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y 10 años para el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, entre otros.
Por su parte, la Vicepresidenta cuestionó el rechazo del TOF2 a su pedido de ampliación de indagatoria y afirmó que “si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”. “Por ello mañana (por hoy) a las 11, a través de mis redes sociales, voy demostrar por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”, completó en Twitter.
El FdT denuncia proscripción
Funcionarios, gobernadores y dirigentes del oficialismo y la oposición salieron a expresar ayer su “solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández ante el “hostigamiento político, judicial y mediático” en la causa Vialidad, que según consideraron tendría el fin de “proscribirla”.
“Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna”, dijo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
ambién la CGT salió a afirmar que “un Gobierno electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita”, al aseverar que “no hay una sola prueba material que relacione a Cristina” con la obra en Santa Cruz.
Hasta dirigentes de izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño o Manuela Castañeira rechazaron el “pedido de cárcel e inhabilitación para CFK por considerarlo un hecho de persecución”.
Duras críticas de la oposición
La oposición de Juntos por el Cambio salió a cuestionar a coro a la vicepresidenta Cristina Fernández por solicitar una ampliación de su declaración indagatoria.
“Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la Historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas. Se equivocó: la Historia no la absuelve ni la absolverá. Mañana montará otro show para sus adeptos”, consideró el diputado Mario Negri (UCR).
“Haga su acto de Stand Up para que la aplaudan las mismas focas de siempre”, le dijo Ricardo López Murphy; mientras Laura Alonso -ex titular de la Oficina Anticorrupción- consideró que “si hay culpabilidad, hay inhabilitación. No es lo mismo proscripción. Lo dice en el Art. 36 la Constitución que votaron los Kirchner”. “Hay olor a pánico a la verdad”, concluyó el ex ministro Alfonso Prat-Gay.
Claro respaldo presidencial
El presidente Alberto Fernández transmitió ayer su “más profundo afecto y solidaridad” hacia la vicepresidenta Cristina Fernández por la causa Vialidad, en un posteo donde repudió “la persecución judicial” en su contra.
El pronunciamiento se difundió apenas el fiscal Diego Luciani terminó de pedir las condenas: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, escribió Fernández en Twitter, donde adjuntó un comunicado del Ejecutivo que resalta que “el Gobierno condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta”, ya que “ninguno de los actos atribuidos ha sido probado”. Al anochecer se informó además que el mandatario llamó a Fernández de Kirchner y quedaron en reunirse.