Jujuy vivió ayer otra jornada caliente por la violenta represión desatada por el gobierno de Gerardo Morales (UCR) a las protestas ciudadanas contra la reforma de la Constitución que impulsó su gestión, que dejó más de 170 heridos -uno de gravedad por traumatismos de cráneo- y unos 68 detenidos hasta las últimas horas del día.
La violencia comenzó por la mañana, cuando la policía avanzó violentamente sobre los manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada ayer mismo. La represión comenzó poco después de las 11 contra una multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña en las puertas de la Legislatura, donde el gobernador Gerardo Morales había adelantado la jura de la nueva Carta Magna local.
Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión que se mantenía hasta bien entrada la tarde de ayer por diversas calles de la capital jujeña.
Durante los incidentes, la policía arrojó gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos entre los manifestantes. Asimismo, a la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, que llegaron hasta el interior del palacio legislativo, donde un grupo de manifestantes consiguió ingresar y hacer desmanes.
Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria. Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado “con pronóstico reservado”, según señaló Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: “Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales”.
El gobernador se desligó de la responsabilidad al culpar al gobierno nacional de las refriegas, aunque ratificó el artículo 67 de la reforma constitucional, que “prohíbe los cortes de rutas y calles” y la “ocupación de edificios públicos”, según explicó. Sin embargo, dio marcha atrás con otros dos artículos relacionados con derechos de los pueblos originarios -36 y 50-, que volverán “a la vieja redacción”, según prometió, tras reconocer “dudas” en las comunidades indígenas, que están al frente de las protestas. “No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas”, señaló Morales, a la vez que enfatizó que “los violentos no me van a torcer el brazo”.
Sin embargo, organismos provinciales de derechos humanos culparon a Morales de la represión y denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy que participaban de la marcha, por lo que presentaron dos habeas corpus ante la justicia local. A nivel provincial, las protestas y cortes de ruta se extienden en todas direcciones -ayer se contabilizaban unos 22 bloqueos en todo el territorio-, mientras que todos los gremios convocaron a un paro general para hoy. Jujuy era anoche una provincia en llamas.
La CIDH reclamó el fin de la violencia al Ejecutivo provincial
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un duro comunicado en el que expresó que el Estado “debe respetar el derecho a la libertad de expresión” e instó al gobierno de Jujuy a mitigar el uso de la fuerza.
En la nota, la CIDH sostuvo que observa “con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”.
Al mismo tiempo, llamó al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
Llaman a un paro nacional docente para mañana
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional docente para mañana ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.
La convocatoria no tardó en ampliarse a otros gremios, y tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Central de Trabajadores Argentina (CTA) se plegaron al paro de actividades impulsado por la Ctera.
La central explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” local.